El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica -el director general corporativo, Marco Pineda, y el director comercial, Íñigo Molero- han declarado como investigados en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.
Los tres han asegurado ante el magistrado que instruye la causa, Francisco de Jorge, que cumplieron la legislación en la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI). En un vídeo posterior a su declaración, Jainaga ha subrayado que la actuación de Sidenor “siempre ha estado sujeta a la más estricta legalidad”. “Hemos acreditado ante la Audiencia Nacional que Sidenor no ha cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel”, ha proclamado Jainaga.
Los investigados han defendido que cuando se realizaron las ventas “no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales” con Israel y “las entregas se cancelaron por decisión de Sidenor” tres meses antes de que el Gobierno decretase el embargo, según un comunicado de la empresa.
Los investigados solo han contestado a las preguntas de su defensa, para señalar, según Sidenor, que el acero fabricado y vendido a Israel “no figura en el Anexo I de los reglamentos español ni europeo que identifican los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración”. “Y en ese sentido no precisa estar incluido en ningún registro específico ni haber solicitado una autorización previa para su exportación a países no sometidos a embargo”, según el comunicado.
Asimismo, Sidenor expuso que la empresa “tampoco había recibido en ningún momento comunicación alguna por parte de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel”. “Ninguno de los aceros vendidos por Sidenor a Israel corresponden a la descripción detallada en el Real Decreto 679/2014 que regula las ventas a otros países de armamento y materiales susceptibles de doble uso y el Reglamento Europeo 821/2021”, ha añadido la firma.
En el caso concreto del envío de acero desde el puerto de Barcelona previsto para el pasado mes de julio, y a partir del cual se inició la investigación judicial, Sidenor explica que, según el informe del 10 de septiembre que obra en poder del juez y que ha sido elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera -dependiente del Ministerio de Interior y en colaboración con la Policía Nacional-, el material fue retenido en el puerto “por voluntad expresa de Sidenor” y “no está sometido a un control especial”.
En la nota, Sidenor ha recordado que decidió de forma unilateral suspender las relaciones comerciales con Israel a partir de julio de este año, “casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo a ese país”.
Por su parte, el Departamento vasco de Industria ha señalado que este mismo miércoles ha recibido “directamente” de José Jainaga las explicaciones oportunas sobre la investigación abierta en la Audiencia Nacional, “como le solicitamos desde el Gobierno vasco”, una vez ha concluido su declaración en sede judicial.
Jainaga es el socio industrial del Ejecutivo en la operación de compra del 29,7% de las acciones del constructor ferroviario Talgo, un proceso en el que, además de Sidenor, participan el fondo público Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital. La citación de Jainaga llevó al Gobierno vasco a solicitar de manera pública explicaciones al empresario, si bien desde el principio Lakua ha insistido en desligar esta investigación del traspaso accionarial de Talgo.
“Este proceso y el de Talgo son dos cosas distintas"
En parecida línea se ha expresado el consejero de Industria, Mikel Jauregi. “Este proceso y el de Talgo son dos cosas distintas. Desde el Gobierno vasco, junto con el resto de componentes del consorcio vasco liderado por José Jainaga, continuamos totalmente implicados en finalizar la operación de participación en la empresa Talgo”, ha añadido Jauregi, que ha agradecido a Jainaga su disposición a conceder las explicaciones y ha reiterado el “total respeto” del Ejecutivo al procedimiento judicial.
Precisamente, este mismo miércoles, y tal y como se esperaba, Talgo ha anunciado la convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas que deberá ratificar la entrada del consorcio vasco en el accionariado. Se celebrará los próximos días 12 y 13 de diciembre, en primera y segunda convocatoria, respectivamente. Además, está previsto que la junta someta a la aprobación de los accionistas también los planes para la refinanciación de la deuda, así como la reducción del número de miembros del consejo, que quedará fijado en ocho. Del total en venta, Pegaso (conformado por el fondo británico Trilantic) venderá un 27,3% y los otros accionistas minoritarios el porcentaje restante hasta el 29,7%.