Sánchez inicia el curso salvando el decreto y recuperando la mayoría de la investidura

Pedro Sánchez arranca el último curso político de la legislatura desde la distancia, de gira latinoamericana, pero aliviado tras salvar el plan de ahorro energético y, sobre todo, recuperando la mayoría de la investidura. Sus socios le han dado otro balón de oxígeno ante la presión de la derecha pero también le han puesto deberes, tanto en sus formas como en el fondo de las medidas establecidas, a lo que el Gobierno de coalición respondió con su disposición a realizar cambios y comprometiendo una tramitación acelerada que permitiría aprobar el proyecto en octubre. Eso sí, el PNV duda de la efectividad de introducir modificaciones por esta vía aunque celebra que el Ejecutivo se abra a escuchar a sus aliados y a las comunidades.

La formación jeltzale reclamó “centrar los esfuerzos” en pactar la planificación y la legislación en el ámbito energético que habrá de aprobarse de cara a otoño e invierno, afeando la ausencia de diálogo en la convalidación del decreto, más allá de una conferencia sectorial en la que “no se concreta nada”. “Pactemos esa iniciativa antes de que sea presentada”, emplazó el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, que justificó el respaldo del Grupo Vasco al plan porque no tenía sentido echarlo atrás una vez las medidas ya se encuentran en vigor. Por su parte, el Gabinete de Sánchez acordó con EH Bildu revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, con las correspondientes inversiones, y empezar a planificar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables. “La emergencia climática avanza a mayor ritmo del esperado y, por ello, queremos acelerar la transición ecológica y energética que se necesita”, explicó la portavoz soberanista, Mertxe Aizpurua.

Esquerra dio el visto bueno después de desdeñar el carácter temporal de las medidas, e instó a que sean estructurales y “más ambiciosas”. “Parecen más efectistas que efectivas,”, señaló su diputado Joan Capdevila, mientras que el portavoz, Gabriel Rufián, pedía un compromiso “por escrito” respecto al cuándo y el cómo se tramitará como proyecto de ley, y añadió: “Está muy bien que esté bonificado el transporte público pero los ciudadanos igual agradecerían mejores infraestructuras”. Por su parte, el PDeCAT afirmó que el Ejecutivo maneja una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades para que, si lo desean, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley. Un paso reivindicado por ERC, que reclamaba financiación adicional para sufragar estas actuaciones, así como una moratoria hasta el 30 de noviembre en las obligaciones a las que deben hacer frente pymes y autónomos.

Desnudar al PP

Consumado el aval de sus socios durante el Pleno extraordinario en el Congreso, el Gobierno de Sánchez trató de desenmascarar la estrategia del PP, con quien ha mantenido negociaciones sin resultado alguno porque “no había nadie al otro lado”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desveló dos reuniones con los distintos grupos en julio, en la que PP trasladó “cero propuestas” en un escenario donde el líder de Génova, Alberto Núñez Feijóo, viene acusando al presidente español de no entablar ningún tipo de conversación con la oposición. “Es la utilización sistemática de la mentira”, describió el dirigente socialista. “Escuchamos sus propuestas y ellos escucharon las medidas en las que estábamos trabajando para implementarlas”, y después “quedamos en que el PP mandaría más propuestas”, recordó. No hubo más interacción, por lo que Moncloa entiende que los populares se sienten más cómodos en su propósito de “querer desgastar” al Gobierno instalados en el “bloque del no”.

También criticó el rechazo del PP la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, acusándole de ser “la derecha más rancia de Europa”, propia de un “conservadurismo retrógrado y negacionista”, cuando otras formaciones conservadoras europeas han aprobado “medidas similares”. Fue ella quien salió a la palestra a defender el decreto ley y no la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pese a estar presente durante toda la sesión plenaria, lo que aprovechó la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, para confrontar directamente con el Ejecutivo: “Es tan indefendible su errática política energética que parece lógico que haya huido de dar la cara para la defensa de un decreto que a quien le incumbe fundamentalmente es a usted”. El PP conminó al Gobierno a reconducir las obligaciones de temperatura e iluminación a recomendaciones, y a potenciar la generación de electricidad sin atender al compromiso de cierre nuclear o a los objetivos climáticos. La ministra Ribera ya había adelantado su intención de lanzar la próxima semana más contactos con eléctricas, gasistas, petroleras, grandes consumidores, agentes sociales y grupos parlamentarios para adoptar más medidas de ahorro energético. Por su lado, Vox metió presión al PP anunciando que llevará el decreto al TC porque, según su líder, Santiago Abascal, “atenta contra los derechos” de los ciudadanos al “empeñarse” el Ejecutivo “en traer ruina, despilfarro e inseguridad”. “Extiende las cartillas de racionamiento al campo energético”, soltó el dirigente de la ultraderecha.

Invasión competencial

Respecto al decreto ley por el que se adoptan vías urgentes en materia de incendios forestales, el PNV se abstuvo transmitiendo sus “temores” y “prevención” respecto a esta legislación y su desarrollo normativo, que podría suponer una invasión competencial al no tener en cuentas los servicios que “de manera eficaz” se están prestando a través de sus organismos, como la Agencia Vasca de Medio Ambiente en el caso de la CAV. Esteban apeló a que “la regulación futura sea lo suficientemente básica como para entender que no entra en las competencias de las comunidades autónomas”.