Sánchez deja en manos de Zapatero la decisión de entregar las joyas

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La política española sigue tensando sus costuras con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como actor principal. Horas después de conocer los audios con su declaración -lo que ha enfadado enormemente al PSOE-, el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tejía al término del Consejo Europeo un escudo protector en torno a su predecesor, en un intento de salvaguardar el legado socialista mientras la onda expansiva judicial alcanza a la familia de Zapatero.

No obstante, Pedro Sánchez matizó que le corresponde al expresidente decidir si tiene que devolver las joyas intervenidas en los registros del 'caso Plus Ultra', tasadas preliminarmente en 1,3 millones, pese a todo volvió a expresar que confía en su inocencia tras la imputación de su antecesor socialista en esta causa judicial. El presidente del Gobierno español respaldó a su homólogo, recordando que fue precisamente bajo el mandato de Zapatero (en 2005) cuando se creó el Código de Buen Gobierno para registrar los regalos institucionales.

Sánchez esquivó pronunciarse sobre el futuro de las joyas —"esa pregunta la tiene que responder el presidente Zapatero"—, pero naturalizó la recepción de obsequios diplomáticos, señalando que es una práctica común desde Felipe González hasta él mismo. Más allá del plano institucional, Sánchez mostró su faceta más humana al expresar su "empatía" por la "situación difícil" que atraviesa la familia Rodríguez Zapatero debido a la imputación de las hijas, y reiteró su total confianza en la inocencia del exlíder socialista.

Preguntado sobre si es coherente que un exmandatario que promulgó ese registro pudiera quedarse joyas como presente y si tendría que devolverlas, el jefe del Ejecutivo español se ha limitado a decir que debe ser el propio Zapatero quien responda a esa pregunta.

"Yo le puedo contar mi experiencia y mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid", ha disertado para agregar que se dan presentes como símbolo de respeto de instituciones o hermandad.

Finalmente, ha reafirmado su respeto a la justicia y su confianza en la inocencia de Zapatero. Es más, ha proclamado el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que en muchas ocasiones "se ve atropellado", y se ha imaginado la difícil situación que estará atravesando el expresidente por la imputación de sus dos hijas. 

El juez marca el terreno

Mientras tanto se siguen conociendo más audios de las más de tres horas de declaración en la Audiencia Nacional por parte de Rodríguez Zapatero. Así, se escucha que el juez instructor, José Luis Calama, no dejó espacio para la complacencia, marcando el terreno desde el inicio: "Tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor y tengo que, muchas veces, ser incisivo". Con esta premisa, el magistrado desgranó las acusaciones sobre la mesa, buscando arrojar luz sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero, por su parte, se atrincheró en una negación categórica de cualquier tráfico de influencias. "No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra", sentenció. "Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno". El expresidente español sí admitió, no obstante, haber realizado una llamada al Banco Santander para pedir que "atendieran a responsables" de la compañía, aunque trazó una línea roja: matizó que fue una simple gestión para que les recibieran, nunca una intercesión para facilitarles financiación.

El interrogatorio no tardó en adentrarse en los terrenos más pantanosos del sumario, asuntos que el propio juez calificó como "vidriosos". Uno de los momentos de mayor tensión dialéctica se produjo al abordar el hallazgo en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Calama preguntó directamente por "las dichosas joyas", pero se topó con el silencio del expresidente. Escudándose en un recurso previo presentado por su defensa —que, como le recordó el juez, no tiene carácter suspensivo—, Zapatero declinó dar explicaciones inmediatas y compró tiempo, comprometiéndose a aclarar el origen de los obsequios en un plazo de "una semana o diez días".

Tampoco faltaron los momentos de incredulidad judicial. La investigación sitúa una comida clave en el restaurante madrileño Portonovo, donde Zapatero supuestamente habría dado instrucciones a Tomás Guerrero —identificado por el expresidente como amigo y compañero de partido— para constituir una sociedad 'offshore' en Dubái. La tesis de la instrucción apunta a que a través de esa estructura se podría haber canalizado una "mordida" del 1% de la ayuda a la aerolínea.

"Jamás he oído hablar de una sociedad 'offshore', y es que ni sé lo que es", replicó Zapatero de forma tajante. Ante la sorpresa del magistrado por el hecho de que el expresidente no hubiera consultado su agenda antes de comparecer para refrescar la memoria sobre dicha comida, Zapatero hizo alarde de su total dependencia organizativa hacia su secretaria, Gertrudis Alcázar. "No uso correos electrónicos, porque todo lo hace Gertrudis", justificó, ensalzando su eficacia organizativa hasta el punto de explicar que fueron sus escoltas quienes tuvieron que reservar el restaurante ante la falta de respuesta telefónica. "Lo voy a comprobar, no se preocupe, señoría", prometió finalmente.

El engranaje empresarial también fue objeto de escrutinio. El juez inquirió sobre los informes elaborados para Análisis Relevante, la consultora de su amigo y presunto testaferro Julio Martínez. Zapatero desmintió que se tratara de trabajos 'ad hoc' para empresas concretas con el fin de justificar ingresos cuantiosos, definiéndolos como documentos "generales de geoestrategia política o geoeconomía", consistentes más en un "intercambio de opiniones" que en dosieres definitivos. Fue en este punto donde salió a relucir Whathefav, la agencia digital de sus hijas, ahora imputadas. Zapatero admitió haber propuesto a Martínez la colaboración con sus hijas, defendiendo su profesionalidad: "Nunca han concursado ni tenido un contrato con una administración pública, y podrían haberlo hecho".

Ferraz y la "doble vara de medir"

La estrategia de defensa del PSOE, sin embargo, no se limita a la presunción de inocencia, sino que ha pasado al ataque contra los cimientos del proceso judicial: las filtraciones. Desde el cuartel general de Ferraz, la indignación es palpable. Tanto la dirigente Mínguez como la secretaria de Organización, Rebeca Torró, han denunciado una cacería mediática que califican de "atentado contra el Estado de derecho".

"No estamos jugando al mismo nivel de cartas y estamos cansados de filtraciones", protestó Mínguez, subrayando que los tiempos judiciales y mediáticos se aceleran sospechosamente cuando los casos afectan a la izquierda. Los socialistas ponen como ejemplo la investigación sobre el 'caso Leire Díez', criticando la filtración de pagos al abogado Jacobo Teijelo en una causa que se supone secreta, y comparan este celo con el trato dispensado a la derecha, recordando la condena mediática al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Para el PSOE, a Zapatero se le ha negado el derecho al tiempo y a la defensa sosegada frente a los juicios paralelos. A pesar del ruido, de las transcripciones filtradas y de las agendas aún por consultar, el partido cierra filas. Zapatero, aseguran, sigue siendo un faro moral para la izquierda española. Ahora, el reloj judicial marca una cuenta atrás de diez días; el tiempo exacto que tiene el expresidente para desvelar el enigma de las joyas de la caja fuerte y despejar las sombras de Plus Ultra.