Sánchez activará “a la mayor brevedad” las reformas que pactó con Pradales para sacar las navajas de la calle

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El lehendakari Pradales consiguió encarrilar sus primeros acuerdos en materia de seguridad con el presidente español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron ambos el 27 de marzo. Este es un debate estratégico para el PNV, que lo ha identificado como una de las preocupaciones que han irrumpido con fuerza en las encuestas por casos concretos como los robos con violencia y, por ello, no ha querido aflojar la presión sobre el Gobierno español, e intenta que concrete cuanto antes en qué plazos va a hacer realidad las reformas legales. El diputado jeltzale Mikel Legarda llevó este asunto al pleno de control de este miércoles con una pregunta al ministro Fernando Grande-Marlaska, quien confirmó las medidas pactadas entre ambos gobiernos (en este caso, no hubo matices o rebajas), y se comprometió a ponerlas en marcha "a la mayor brevedad".

El ministro expuso las reformas legislativas "que ya vamos a poner en marcha". Por un lado, mencionó el Reglamento de Armas en su artículo 146 para que "facilite una interpretación homogénea y clara de todos los operadores jurídicos" y evite "las disfunciones y discrepancias" a las que había hecho referencia Legarda. El jeltzale había señalado la necesidad de que el porte de armas blancas, como navajas y cuchillos, quede "claramente prohibido sin lugar a interpretaciones en lugares donde sea objetivamente incompatible con las exigencias de seguridad: establecimientos públicos, lugares de concentración o reunión, recreo, ocio y esparcimiento". El consejero Zupiria venía también de solicitar la prohibición del porte de armas blancas con independencia de su tamaño. ¿Y cuál es el problema del artículo 146 del que habla Marlaska? Que recoge la prohibición de llevar armas fuera del domicilio o del lugar de trabajo, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, pero queda al albur del "prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia". Al tratarse de un reglamento, podría reformarlo por decreto el propio Consejo de Ministros sin someterlo a las mayorías del Congreso.

Por otro lado, Marlaska confirmó que se va a trabajar en la "sensibilización informativa de la sociedad en los lugares públicos", es decir, se van a colocar carteles para que la ciudadanía conozca esta prohibición. Así lo pactaron Pradales y Sánchez, y esta es una medida que Legarda también consideró clave en su intervención porque "contribuye a la mejora de la seguridad percibida", es decir, si la ciudadanía ve que las navajas están prohibidas, la sensación de inseguridad se reduce. Por último, Marlaska añadió la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en su artículo 43 para hacer efectivo el registro de infracciones (sobre la multirreincidencia) y que la respuesta sea más efectiva. Este punto conecta con otra demanda del lehendakari, que consiste en que los jueces puedan valorar si deciden la entrada en prisión de una persona que tenga varios procedimientos abiertos aunque no cuenten con sentencias en firme. Se podría hacer aplicando por primera vez la figura de la reiteración delictiva, y la intención del lehendakari es reducir la sensación de impunidad que existe cuando un delincuente sigue cometiendo delitos a la espera de ser juzgado. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sí dependería de las mayorías del Congreso.

Marlaska defendió que la reforma se ponga en marcha "desde la coordinación" para que la eficacia sea mayor, y quiso añadir que la cooperación entre las fuerzas de seguridad del Estado y el plan de coordinación contra los grupos violentos juveniles se está trabajando desde 2022, una puntualización con la que pretendía diluir la sensación de que el Gobierno español se mueve por el marcaje del PNV. Las reformas pactadas se activarán "a la mayor brevedad, como solemos hacer en este Gobierno", dijo, con una última acotación que quizás no tranquilice demasiado al PNV a juzgar por el ritmo legislativo en otros asuntos de su interés, como la reforma de los secretos oficiales. Como máximo, a la legislatura estatal le queda un año, hasta las elecciones de julio de 2027. En los últimos tiempos se ha instalado la tesis de que Sánchez no va a adelantar las elecciones y espera que se diluya la mayoría absoluta que auguran buena parte de las encuestas a PP y Vox.

"Alarma" en la ciudadanía

Legarda, por su parte, mantuvo su presión para que estas medidas se concreten, con el argumento de que las noticias sobre las peleas y los ataques con armas blancas en lugares públicos acaban con "muertes" de manera "no infrecuente", y esto "alarma a la ciudadanía". En ese momento, introdujo un inciso para aclarar que los ataques los perpetran población extranjera y población estatal, para no caer en la criminalización de determinadas nacionalidades. Concentró esta problemática, sobre todo, en las áreas urbanas. Marlaska le concedió que estas cuestiones preocupan igualmente al Gobierno español "y nos llevan ocupando mucho tiempo". Comparte "la importancia del asunto y enfocarlo de manera correcta y coordinada". El PNV fue uno de los partidos que presionó al PSOE para que abordara el debate de la multirreincidencia, y le pidió que lo hiciera sin caer en los bulos de la extrema derecha pero también sin complejos o sin los tabúes de la izquierda, sin renunciar a un debate por el mero hecho de que Vox lo quiera contaminar con sus tesis.

El acuerdo de la Comisión Bilateral presidida por Pradales y Sánchez recogía el "endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos" (preocupan, sobre todo, el ocio nocturno, los festejos o el transporte público), la "modificación del Reglamento de Armas para reducir ambigüedades y facilitar su aplicación", la "incorporación de señalización visible en espacios públicos" para informar a la ciudadanía sobre esta prohibición, la "puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, con acceso para la Ertzaintza", el "impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva", y la "participación complementaria de la Ertzaintza en materia de extranjería cuando exista incidencia en la seguridad pública", entre otras medidas. El Reglamento de Armas tiene ciertas limitaciones para actuar porque se rige por el tamaño del arma en cuestión, y prohíbe bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de 11 centímetros.