¿Qué es el 'lawfare' y por qué es tan importante en el acuerdo entre el PSOE y Junts?

El acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español contempla una ley de amnistía que, según apunta, podría acabar incluyendo los supuestos casos de 'lawfare' "o judicialización de la política". Con este término los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. Entre los casos de 'lawfare' se encontarían los del abogado Gonzalo Boye, la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol.

El acuerdo vuelve a situar el origen del "conflicto" en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, a partir de ahí, hace un relato de hechos --del 9-N al 1-O-- que propiciaron "múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas" y que "han tenido una incidencia política relevante".

Justifican la ley de amnistía en la necesidad de "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Y precisan que, para ello, "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".

Aunque no detallan quiénes, sí avanzan que durante la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación cuyas conclusiones se tendrán en cuenta para "la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

De esta forma se abre la puerta a que la amnistía pueda abarcar esos denominados casos de 'lawfare', entre los que el mundo independentista sitúa los de Boye, Borràs, los Pujol o el del exconseller de Interior Miquel Buch y el mosso d'esquadra Lluís Escolà.

EL ABOGADO DE PUIGDEMONT

Respecto a Boye, el abogado de Puigdemont, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó en noviembre de 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como 'Operación Mito' en la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo --'Sito Miñanco'-- y otras 47 personas.

La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de 'Sito Miñanco' en el aeropuerto de Barajas. Fiscalía pide que sea condenado a 9 años de cárcel.

Estos correos humanos que transportaban el dinero oculto en maletas con destino a Colombia fueron detenidos en 2017. Según el relato judicial, fue entonces cuando los 'narcos' contactaron con Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

Así, tanto Boye como otros dos abogados se sentarán en el banquillo de los acusados, si la ley de amnistía no lo evita, por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero incautado.

BORRÀS Y LAS ADJUDICACIONES EN EL ILC

La condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también entraría en la ecuación. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó el pasado marzo a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

El propio TSJ, sin embargo, propuso un indulto parcial para Borrás que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Además, una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que defendía que no debía ser condenada a más de 21 meses de prisión.

Borràs fue condenada por unos encargos relacionados con la página web de la ILC. Según la sentencia, fue ella quien hizo el encargo directa y personalmente incluso antes de que la junta de la ILC aprobara el proyecto, "a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo".

El TSJ recalcó que funcionarios del ILC advirtieron a Borràs de que debía adecuar el procedimiento de contratación, dados la envergadura y el coste del encargo, pero ella --como directora que era el órgano de contratación-- "decidió simular la adjudicación de los trabajos ya encargados" a su amigo a través de contratos menores.

La condena a Borràs aún no es firme, toda vez que su defensa anunció que presentaría recurso ante el Tribunal Supremo.

EL CLAN DE LOS PUJOL

El marco temporal al que se circunscribe la ley de amnistía --de 2012 a 2023, según ha anunciado el PSOE-- también alcanzaría la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos.

La familia está a la espera de juicio por formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de "su posición privilegiada" en la vida política, social y económica catalana para acumular un "patrimonio desmedido".

Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Para el resto del clan las penas van de los 14 a los 8 años. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás.

El primer instructor del caso, José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Pujol, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El juez situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a empresas, que hacían entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".