El ‘caso Julián Alvarez’ está siendo uno de los culebrones de verano, y ayer descubrimos un episodio más de esta larga serie. Uno que amenaza directamente a los despachos del FC Barcelona.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido incoar un procedimiento disciplinario extraordinario contra el club azulgrana tras la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por presuntos contactos irregulares con su delantero.
El expediente nace de la denuncia formal presentada el 30 de junio por la entidad rojiblanca, acusando al Barça de negociar con un jugador con contrato en vigor (hasta el año 2030) en pleno "periodo protegido". Este movimiento legal llegó semanas después de que el Atlético denunciara públicamente una "campaña de acoso y derribo" repleta de filtraciones interesadas y llamadas antes de enfrentamientos directos.
La postura colchonera, en palabras de su consejero delegado Miguel Ángel Gil, es clara: "No aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones".
Con un instructor ya nombrado para tramitar el procedimiento y a la espera de las pertinentes alegaciones culés, el abanico sancionador sobre la mesa recoge diversas consecuencias.
Las posibles sanciones
El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA estipula que, si se demuestra que un equipo induce a un futbolista a romper su contrato durante dicho periodo protegido, el club infractor será castigado de forma implacable con la prohibición de inscribir nuevos futbolistas (ya sea a nivel nacional o internacional) durante dos periodos de inscripción completos y consecutivos.
A nivel estatal, el expediente se ampara en los artículos 93 y 133 del Código Disciplinario. El primero de ellos es relativo al incumplimiento consciente y reiterado del reglamento. Incluye castigos como multas (de 602 a 3.006 euros), inhabilitaciones de un mes a dos años, la clausura total o parcial del estadio, o incluso la deducción de tres puntos en el campeonato de Liga.
Y el segundo, centrado en infracciones algo más leves. Prevé multas económicas de hasta 602 euros, inhabilitaciones o suspensiones de hasta dos meses y el cierre del estadio por un partido.
Hay precedente
A pesar de la dureza que desprenden esos textos, en el club catalán existe un precedente que invita al optimismo: el fichaje de Antoine Griezmann en 2019. En aquella ocasión, el Atlético denunció bajo los mismos artículos los contactos a sus espaldas con el delantero francés.
Aunque durante la instrucción de aquel caso el juez llegó a proponer la clausura del estadio culé, el Comité de Competición dictaminó finalmente una multa simbólica de 300 euros.