PSOE y PP vetan todas las enmiendas para una amplia reforma constitucional

PSOE y PP han escenificado un oasis de entendimiento al dar el paso definitivo hacia la modificación del artículo 49 de la Constitución para suprimir el termino disminuido. Una tregua difuminada entre el habitual cruce de reproches que no se detendrá y que, incluso hoy, ha tenido su ración de descalificaciones pese al consenso en la toma en consideración de esta proposición de reforma. No en vano, horas antes de la sesión que ha vuelto a acoger el Senado –por las obras en el Congreso–, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que este consenso será “una rareza” en el transcurso de la legislatura e incidió en que Pedro Sánchez se encuentra más centrado en “indultar presos de ETA con delitos de sangre” y en “humillarse todos los días ante las minorías”, el independentismo, y “para contentar” a Carles Puigdemont. Palabras que han hallado pronta respuesta desde la bancada socialista, cuyo portavoz, Patxi López, le ha replicado que no puede hablar de “humillación” de la Cámara baja porque la composición de este órgano emana del resultado de las urnas y representa a la ciudadanía del Estado. “¿Sabe lo que es la democracia?, le ha interpelado, afeándole al dirigente popular que se mueva siempre “en una órbita que está a una distancia sideral de la parlamentaria”.

Sin embargo, los dos grandes partidos también han dado con otro punto de unión de fuerzas al inclinarse por vetar todas las enmiendas a la reforma de la Carta Magna ajenas a ese artículo. Tanto las del PNV, que trabaja en casi una decena para, entre otras cosas, reconocer el derecho a decidir, eliminar el artículo 155 que permite intervenir una comunidad y limitar la inviolabilidad del rey, como las pergeñadas por otras formaciones como Sumar, que anunció dos enmiendas, una de Compromís para dar carta blanca al derecho civil valenciano que el TC anuló del Estatuto autonómico y otra de Mès para otorgar a la isla de Formentera un senador propio, en vez del que comparte con Ibiza. Pero la proposición de ley que registraron PSOE y PP a finales de diciembre no abre el melón para una revisión de tal alcance y vetarán sus tramitación siguiendo el criterio que ya aplicaron en la última reforma constitucional, la que se acometió en agosto de 2011 para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria en el artículo 135.

Reproche del PNV

El diputado jeltzale Mikel Legarda ha reprochado que PSOE y PP reformen la Constitución “únicamente sobre los aspectos que consideran y proponiendo al resto de grupos una suerte de contrato de adhesión”. Según ha destacado, la modificación en una sola semana “parece deberse al propósito de no dejar tiempo suficiente para considerar la conveniencia de otras reformas constitucionales, aunque no conciten mayorías parlamentarias”. Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha propuesto abrir un debate “serio, sereno y profundo” sobre la “plurinacionalidad del Estado”. Por su parte, López ha dicho entender que todos los grupos, incluso el PSOE, tengan ideas para modificar el articulado de la Constitución de 1978, pero subrayando que “sin oponernos a ver otras propuestas, eso tendrá su momento, que no es este”. Feijóo ha ido más allá pidiendo no caer en la tentación de aprovechar el debate para “agendas partidistas” o para debilitar la Carta Magna. Para el líder del PP, ante la Constitución hay tres posiciones: “Los que la atacan, la burlan y los que la quieren defender; nosotros no la atacamos ni burlamos sino que la defendemos con la principal herramienta política que es el consenso”. Acuerdo que, por contra, no es capaz de abordar en asuntos como la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado hace cinco años, con la Comisión Europea como árbitro, pero sin que se hayan registrado avances.

“Con la misma intensidad que denunciamos y denunciaremos a los que pretenden destruirla, violentarla u olvidarla, estamos y estaremos dispuestos a recurrir al acuerdo cuando, en este caso, es necesario y responde a una demanda real y justa”, ha recalcado Feijóo. “La modificación es modélica porque parte de una reivindicación social (...) y porque adquiere forma de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Ha habido una negociación honesta, un texto compartido y con los informes preceptivos que avalan la modificación”, ha precisado sobre las conversaciones con el PSOE. En contraposición, ha denunciado que las otras leyes impulsadas por el Ejecutivo son fruto de la imposición de “una minoría que pretende suplantar a las mayorías”, que se elaboran con “opacidad” y para “erosionar la ley de leyes”. Finalmente, la reforma del artículo 49 ha contado con 315 votos a favor y 33 abstenciones, las de Vox. “Dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno con las personas con discapacidad y mucho nos tememos que esta reforma está envuelta de una gran hipocresía que solo busca blanquear todo lo que está haciendo en este momento el Gobierno valiéndose de causas nobles para hacer tal cosa”, ha justificado la portavoz ultra, Pepa Millán.

Modificación

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Aparte de la sustitución del término disminuido por la expresión “personas con discapacidad”, la reforma incluirá la obligación de los poderes públicos de “realizar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social” del colectivo, así como una especial atención para los menores y las mujeres con discapacidad. Además, en el segundo punto constará: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Así quedó abierto el plazo de enmiendas, que se debatirán este jueves, ya sean de totalidad con texto alternativo o parciales para modificar el articulado, y para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado. Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto “más acorde a los nuevos tiempos”. Aquel año hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo atmósfera ni tiempo para llevarlo adelante.