PSOE y PP terminan con más de cinco años de bloqueo del Poder Judicial

A la cuarta fue la vencida. Lo que no había sido posible resolver en cinco años, quedó arreglado en una reunión de cinco horas en Bruselas, bajo la mediación de la Unión Europea, en la persona de su vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Bien es cierto que el acuerdo para la eternamente pendiente renovación del CGPJ no se fraguó totalmente en ese encuentro entre el ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el eurodiputado del PP Esteban González Pons, comisionado por su partido para la negociación.

Ya desde la semana pasada se habían producido contactos discretos y, en las últimas horas, diversos portavoces de ambas formaciones se habían encargado de preparar la pista de aterrizaje, con mensajes sobre los términos positivos en los que avanzaban las conversaciones.

Las formas

Antes de entrar en materia sobre el contenido concreto de lo pactado, merece la pena reparar en las formas en las que se comunicó la fumata blanca. Por razones que nadie ha sabido explicar -ni siquiera los propios protagonistas-, los dos interlocutores principales comparecieron por separado. En ambos casos, eso sí, con la compañía de la vicepresidenta de la Comisión y mediadora.

Con todo, las intervenciones de Pons (que fue el primero) y de Bolaños tuvieron mucho en común. Ambos parecieron competir en mostrar la mayor alegría por el final feliz del interminable proceso de renovación del órgano de gobierno de la judicatura española.

Así, el veterano europarlamentario popular habló de gran día para la independencia judicial. “Hoy la Justicia española es más independiente de lo que era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos”, se felicitó el vicesecretario de Acción Institucional del PP.

El ministro Bolaños vio la apuesta y la subió. En su opinión, el desbloqueo del CGPJ pactado por los dos partidos españoles mayoritarios supone “un gran día para la democracia”, además del principio del fin del descrédito que vive la Justicia en el Estado. Y, como guinda, el responsable de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez afirmó que se daba respuesta a “lo que era un clamor de la ciudadanía”.

Uno y otro pusieron énfasis en asegurar que lo firmado por Ferraz y Génova ponía freno para siempre a la politización de la judicatura y a que los gobiernos o partidos puedan influir en las decisiones de los tribunales.

Lo de siempre

En realidad, leyendo el folio y cuarto en que se concretó el acuerdo (anexos aparte), no parece que se hayan dado pasos decisivos en ese sentido.

Al contrario, lo primero que llama la atención que ambas formaciones se han repartido, como venía ocurriendo hasta ahora, la designación de los veinte integrantes del nuevo CGPJ.

No se puede pasar por alto, más allá de las declaraciones grandilocuentes, que la lista está formada por los diez candidatos propuestos por cada una de las formaciones. Ni siquiera se puede decir que sea “como en los viejos tiempos”, pues entonces había otras siglas que, aunque fuera simbólicamente, conseguían su representación.

A guisa de gran logro, PSOE y PP esgrimen que, una vez designados formalmente, la veintena de vocales deberá elaborar en el plazo de seis meses una propuesta para modificar la ley sobre su renovación que luego debería ratificarse en las Cortes españolas por una mayoría de tres quintos. Es decir, la actual.

PSOE margina a sus socios

Ahí el PSOE deja de lado a sus socios de investidura y de mantenimiento en Moncloa. Le basta con el PP para que, en caso necesario, haya que modificar algo en los mecanismos para repartirse -en fino, para configurar- el CGPJ.

Una de las hipotéticas grandes novedades es que se creará una “comisión de calificación” dentro del propio Consejo para garantizar que los nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo “respondan a una valoración objetiva de las candidaturas presentadas”

La pregunta inmediata es quiénes y de acuerdo a qué criterios participarán en esa decisión fundamental. De nuevo, cobra fuerza la sospecha (o la hipótesis) de que tal comisión volverá a obedecer al reparto de vocales elegidos por PSOE y PP.

En cuanto a los plazos, también según lo acordado, todo apunta a que antes finales de julio sean confirmados los miembros del nuevo CGPJ, y, de propina, el nuevo integrante del Tribunal Constitucional, José María Macías, también pactado sin rubor por PSOE y PP.