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“Sin seguridad no hay actividad”. Con esta firme advertencia de la consejera Nerea Melgosa, el Parlamento Vasco ha aprobado una ley más estricta para el control de las colonias de verano. La reforma busca evitar casos de riesgo como el del udaleku de Bernedo, que sigue bajo investigación judicial. A partir de ahora, las empresas que no cumplan con la seguridad de los menores – con certificados de delitos sexuales limpios y declaración responsable previa– se enfrentarán a multas históricas de hasta 600.000 euros. El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Juventud impulsada por el PNV y PSE, con el apoyo de EH Bildu, para reforzar la protección de los menores en las actividades de tiempo libre.
La reforma llega tras el escándalo de los campamentos de Bernedo (Araba), investigados por la justicia a raíz de las denuncias presentadas por 21 familias por presuntos delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores durante el udaleku el pasado verano. Las denuncias hacen referencia a supuestos episodios de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual. Algunos participantes relataron además que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que también se aseaban los monitores.
A raíz de estos hechos, la Diputación de Araba abrió un expediente administrativo que acaba de concluir con una multa de 9.000 euros a la asociación organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, su inhabilitación durante tres años para organizar actividades de tiempo libre y la prohibición de recibir ayudas públicas durante ese mismo periodo. Además, la institución foral ha vetado la propuesta de campamento presentada por Dorrekoa Kultur Elkartea para organizar las colonias, al considerar esta asociación actuaba como una "entidad instrumental" de la sancionada para eludir la inhabilitación. De esta forma, la Diputación ha cerrado la puerta a que los campamentos de Bernedo puedan celebrarse este año.
Principales novedades
Con ese telón de fondo, la Cámara vasca ha dado luz verde a una reforma que introduce nuevas obligaciones para las entidades organizadoras y amplía la capacidad de inspección y sanción de las administraciones. Entre las principales novedades figura la obligación de las organizaciones de presentar una declaración responsable. A través de este documento, la entidad organizadora deberá acreditar que cumple todos los requisitos legales para desarrollar la actividad y asumir expresamente la responsabilidad sobre su cumplimiento. La reforma también establece la obligatoriedad de aportar certificados negativos de delitos sexuales para todo el personal que mantenga contacto habitual con menores, una documentación que deberá renovarse anualmente. Además, en el caso de las acampadas al aire libre, será necesario disponer de un informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa correspondiente y de la autorización de la propiedad del terreno.
El nuevo texto incorpora, asimismo, un catálogo más detallado de infracciones y endurece el régimen sancionador. Las sanciones máximas para las infracciones más graves podrán alcanzar los 600.000 euros. Entre las conductas tipificadas como graves figuran la organización de actividades sin comunicar previamente la información exigida a la administración, el incumplimiento de las condiciones declaradas, la ausencia de personal con la titulación requerida o la falta de acreditación de los certificados del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
La consejera Melgosa celebra la reforma
Durante el debate parlamentario, los grupos que respaldan la reforma defendieron que la nueva normativa permitirá cerrar lagunas detectadas tras el caso Bernedo y reforzar la protección de los menores antes incluso de que comiencen las actividades. Por el contrario, desde la oposición se cuestionó la eficacia de algunas de las medidas y se reprochó al Ejecutivo vasco que todavía no haya aprobado el decreto que debe desarrollar la regulación de los campamentos.
Tras la aprobación de la ley, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, celebró la reforma al considerar que permitirá establecer "más control, más claridad, más capacidad sancionadora y más responsabilidad para las entidades organizadoras". La consejera afirmó que el tiempo libre educativo debe ser "ante todo un espacio seguro" y defendió que, a partir de ahora, "ya no basta con comunicar" una actividad, sino que quienes la promuevan deberán acreditar previamente que cumplen todas las obligaciones legales. En este sentido señaló que “la protección no empieza cuando surge el problema". Según la consejera, la ley ofrece un mensaje es sencillo: “Sin garantías no hay actividad; sin seguridad no hay actividad; sin cumplimiento no hay actividad"