El Gobierno de Pedro Sánchez comenzó ayer jueves el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 en una jornada que perdía siete votaciones en el Congreso merced a la división de sus socios del bloque de investidura.
El Ejecutivo español ya prorrogó los presupuestos del pasado año y ejecuta sus políticas merced a los mismos ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con sus socios vascos y catalanes, además de las formaciones de izquierdas.
Ayer jueves, el Boletín Oficial del Estado publicaba la orden del Ministerio de Hacienda que obliga a los Ministerios a elaborar y presentar sus respectivas cuentas públicas de gasto e inversión para el 8 de julio.
Diálogo con los socios
Para poder sacar adelante estos presupuestos, el Gobierno precisa de alinear en torno a ellos a la totalidad de partidos que respaldaron la investidura de Sánchez: soberanistas vascos (PNV y EH Bildu), catalanes (Junts y ERC) y gallegos (BNG) además de Sumar y Podemos a su izquierda y Coalición Canaria.
Esto le exigirá establecer un programa de negociaciones a vuelta de verano que permita desarrollar un proyecto de ley que recoja suficientemente las expectativas de todos ellos para no arriesgarse a tener que prorrogar las cuentas por segundo año consecutivo.
La experiencia de lo que llevamos de legislatura señala que aquellos ámbitos en los que el Gobierno no ha tenido en cuenta con antelación las sensibilidades de los partidos que le sostienen, mediante la aceptación de enmiendas o la iniciativa compartida, han concluido en derrotas parlamentarias o en retiradas de sus proyectos de ley para evitar cosechar un fracaso.
Ayer mismo, hasta siete iniciativas se aprobaron en el Congreso pese al voto en contra de PSOE y Sumar y, sin embargo, obtuvo el respaldo de sus socios en aquellas que han contado con una tramitación en las que han podido intervenir, como la propia Ley de Paridad.
Bien es verdad que, de las 28 votaciones perdidas por los partidos de la coalición de Gobierno, desde que se iniciara la legislatura, la mayoría son parte de la estrategia del PP de explicitar la debilidad del gabinete de Sánchez mediante la presentación de propuestas sobre las que conoce de antemano una disposición de parte de los partidos del bloque de investidura o, directamente, que prevé que generarán la división suficiente para que no se alineen con los intereses del Ejecutivo.
En todo caso, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le corresponderá acreditar un giro en la forma de gobernanza a la hora de definir los PGE de 2025 para que haya terreno de juego amplio que permita el acuerdo.
Dificultad del calendario
Las dificultades para cerrar consensos suficientes han estado marcadas en varias ocasiones por situaciones asociadas a calendarios electorales o a momentos de inestabilidad en la relación con los socios, especialmente los catalanes.
El largo camino hasta la aprobación de la ley de amnistía y las propias elecciones catalanas y vascas de esta primavera han creado un entorno poco propicio al acuerdo. De hecho, el riesgo de que se reproduzca un escenario complicado a vuelta del verano es muy tangible de la mano de la situación catalana.
La dificultad para establecer unas bases de acuerdo de investidura tanto del socialista Salvador Illa como del soberanista Carles Puigdemont pueden traducirse en finales de agosto en la imposibilidad de alcanzar mayorías suficientes, lo que abocaría a una repetición electoral en Catalunya este otoño próximo. Un escenario que, como mínimo, retrasaría de nuevo los presupuestos, si no es detonante de consecuencias más graves en la legislatura.
Nueva prórroga
Óscar Puente advierte de que “no es deseable” pero puede ocurrir. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sostuvo ayer que el Gobierno se puede permitir otro año sin aprobar Presupuestos prorrogando nuevamente las cuentas de 2023, ya que son “expansivas” y cuentan con “un buen marco”. No obstante, ha admitido que no sería “lo mejor” ni “lo deseable”, porque podría dar imagen de “inestabilidad”. En su opinión, expresada en una entrevista en Onda Cero, España podría estar otro año más sin cuentas públicas, aunque también sería importante aprobar unos nuevos presupuestos para dar una sensación de estabilidad.
Puente justificó la posibilidad de prorrogar asegurando que hay “algunas herramientas” que permiten actualizar los PGE, y puso como ejemplo que este año las autonomías van a recibir “20.000 millones de euros más que en 2023”, y los ayuntamientos “5.0000 millones” adicionales, lo que da a entender que “los presupuestos tampoco lo son todo”.
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