Nueve años de prisión por captar y prostituir a cinco menores en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a nueve años de prisión a la principal acusada de captar a cinco menores para que mantuvieran encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero entre 2018 y 2020. El tribunal la considera responsable de cinco delitos relativos a la prostitución de menores.

La sentencia de la Sección Segunda también absuelve a dos agentes de las policías locales de Adra y Almería que estaban acusados de participar en algunos de los encuentros. La Sala considera que las pruebas presentadas no permiten acreditar su implicación con la certeza necesaria para dictar una condena.

Los hechos comenzaron a principios de 2018, cuando la principal acusada convenció a tres amigas de entre 13 y 14 años y a su hermana, de 15, para que se reunieran de manera reiterada con hombres a cambio de dinero. Los encuentros, algunos de ellos relacionados con prácticas fetichistas, se desarrollaron en viviendas, vehículos, descampados y otros lugares de la provincia.

El tribunal reconoce como quinta víctima al novio de una de las adolescentes, que también era menor de edad. Uno de los procesados pagó en una ocasión para observar cómo ambos mantenían relaciones sexuales en el interior de una furgoneta.

Contactos por internet

La condenada se encargaba de contactar con los adultos mediante una página de contactos y la plataforma Skype. También organizaba las citas, acordaba el tipo de encuentro y establecía la cantidad que debían recibir los menores. La actividad continuó hasta mediados de 2020, cuando la mujer fue detenida dentro de la operación ‘Terciaria’. La investigación comenzó después de que la madre de una de las víctimas encontrara en su teléfono móvil varios mensajes que revelaban un comportamiento extraño.

Durante el juicio, la principal acusada reconoció los hechos y facilitó información sobre el resto de los procesados. La Audiencia le ha impuesto cuatro penas de dos años de prisión y una quinta de un año, que suman nueve años de cárcel.

El tribunal le ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. La Fiscalía había solicitado inicialmente para ella una condena total de 45 años.

Las declaraciones de las víctimas, prueba clave

La Sala ha considerado determinantes las declaraciones de las víctimas y los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. También ha tenido en cuenta la información extraída de los teléfonos intervenidos y la colaboración de la principal acusada, que explicó los contactos y encuentros que había organizado.

La resolución analiza por separado la supuesta participación de los dos policías locales procesados. En el caso del agente de Adra, la Audiencia considera probado que una de las menores mantuvo un encuentro sexual con un policía uniformado que la trasladó en un vehículo oficial.

Sin embargo, el tribunal no considera demostrado que aquel agente fuera el hombre sentado en el banquillo. La víctima no pudo identificarlo durante el juicio con la “certeza exigible”, llegó a señalar a otro procesado y había ofrecido durante la instrucción una descripción física que no coincidía con la del acusado.

Ante estas contradicciones, la Sala ha aplicado el principio in dubio pro reo, que obliga a resolver las dudas a favor del procesado, y ha acordado su absolución.

Sin pruebas para identificar al ‘Señor X’

La Audiencia tampoco ha considerado acreditado que el policía local de Almería fuera el usuario denominado ‘Señor X’, con quien la principal acusada contactaba mediante Skype para organizar encuentros con las menores. La investigación no permitió determinar quién era el titular de aquella cuenta. El tribunal señala además que las declaraciones aportadas durante el procedimiento resultaron insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del agente. La sentencia absuelve igualmente a otros dos procesados porque no ha quedado probado que mantuvieran encuentros sexuales con las víctimas.

Seis condenados y cuatro absueltos

De las diez personas juzgadas, seis han sido declaradas culpables y cuatro han resultado absueltas. La pena más elevada asciende a 27 años y dos días de prisión. El resto de las condenas se sitúa en 24 y 15 años, dos penas de nueve años —una de ellas para la principal acusada— y otra de cinco años y seis meses.

Los seis condenados deberán pagar conjuntamente 470.000 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil. La Audiencia también ha impuesto prohibiciones de aproximación y comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitaciones para desempeñar profesiones u oficios que impliquen un contacto regular y directo con menores.