La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado las líneas maestras del Plan de Apoyo a las Familias, la Infancia y la Adolescencia de Euskadi para el periodo 2026-2030. Este nuevo marco normativo pretende alejarse de la mera gestión de subsidios para adoptar una planificación integral que entienda a los menores como sujetos de pleno derecho. Bajo la premisa de que "cualquier inversión en políticas familiares es inversión en país, es inversión en cohesión", la consejera defiende un cambio de paradigma que busca adaptar las instituciones a una realidad social marcada por estructuras familiares cada vez más diversas y nuevos retos demográficos.

Conciliación

En el ámbito de las medidas económicas y de conciliación, el Ejecutivo autonómico mantendrá las ayudas directas de 200 euros mensuales por hijo hasta los cuatro años. Sin embargo, Melgosa subraya que el foco principal debe estar en los servicios públicos, destacando la importancia de la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 2 años. Según la consejera, centrar la atención únicamente en las transferencias monetarias es un error de enfoque, ya que "las familias lo que necesitamos es directamente poder tener a estos niños y estas niñas atendidos". Además, el plan otorga por primera vez un reconocimiento técnico y jurídico a las familias monoparentales, un colectivo de unas 21.000 unidades en Euskadi que ahora contará con un certificado oficial para acceder a beneficios sociales.

Menores y redes

El plan también aborda la protección de los menores frente a los riesgos de Internet y la atención a la denominada "generación sándwich". Sobre el uso de redes sociales, Melgosa no descarta medidas contundentes si la educación y la prevención no son suficientes: "Si hay que prohibir se prohibirá, pero yo creo que hay que hablar de la prevención, de la detección y de la educación". Asimismo, el Gobierno Vasco refuerza programas como BetiOn para favorecer la autonomía de los mayores en sus hogares y reclama al Estado un plan estructural migratorio que reconozca a Euskadi como "frontera norte", con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a los procesos de regularización e integración en el territorio.