La Audiencia Provincial de Araba ha confirmado lo que ya dijo hace algo más de un año el Juzgado de Instrucción Número 2 de Gasteiz: no se ha podido acreditar ningún motivo para poder inculpar ni a Jon Darpón ni a su equipo directivo por las irregularidades en la OPE de Osakidetza 2016-17.

Es decir, que por si quedaba alguna duda, el tribunal de segunda instancia tumba la colección de acusaciones, faltaba la muerte de Manolete, que en este caso el sindicato LAB cargaba a la cúpula del departamento de Salud de la época.

Quizás lo elegante para los que iniciaron este desbarre judicial sería reconocer que se les fue la mano en la lisérgica lista de delitos y aunque fuera con voz quedá, lamentar el daño causado a las personas sometidas a la causa inquisitorial.

Oiga, estamos hablando de individuos que, solo por estar ahí, han sido sometidos a un brutal acoso y derribo que les costó no sólo su puesto de trabajo, sino un manchurrón en su prestigio profesional con graves consecuencias en sus respectivas carreras, y también en sus vidas, que se me antoja que tuvo que ser la parte más jodida.

Pero no ha habido lugar al gesto de disculpa tardía. Los denunciantes, de nada, de nada, la han cogido llorona y se han liado a evaporar exabruptos que con la esperable celeridad andan replicando, exactamente, las mismas terminales mediáticas que participaron en una de las mayores cacerías políticas que se recuerdan en la demarcación autonómica.

En el falso nombre de la lucha contra la corrupción se aprovechó que unos vivales habían hecho trampa en un puñado de exámenes para derribar al enemigo político.