El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió ayer los nuevos criterios de interpretación sobre los certificados de vulnerabilidad para intentar desatascar el proceso de regularización extraordinaria iniciado en abril. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha insistido en que se trata de un procedimiento reglado y no de una amnistía masiva, mientras que el director general, Santiago Yerga, estima que el ochenta por ciento de las personas que guardan cola actualmente no necesitan dicho informe por pertenecer a colectivos exentos, como familias con menores o solicitantes de asilo. Con esta clarificación técnica, el Ejecutivo central busca agilizar los trámites y reforzar la presunción de buena fe en las solicitudes de trabajo por cuenta propia.
“Aclararemos si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes; quién los emite, si es el secretario o la secretaria de Ayuntamiento, si lo puede hacer un funcionario pública, quién los necesita. Hay colectivos y personas que no lo necesitan, que no tienen por qué estar haciendo esas colas”, explicó Cancela para referirse a una de “las cuestiones más controvertidas o que más expectación están generando” del proceso de regularización de papeles al que se pueden coger cerca de medio millón de personas de origen extranjero.
Tribunal Supremo
Sin embargo, el proceso ha entrado en una fase de incertidumbre legal tras la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid. El Alto Tribunal debe evaluar ahora argumentos de gran calado técnico presentados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que la medida vulnera la autonomía financiera de las comunidades al imponer una carga excesiva sobre los servicios sociales y sanitarios sin articular mecanismos de provisión de medios. Entre los puntos más controvertidos que los magistrados deberán analizar figura la posible contradicción del real decreto con la normativa de la Unión Europea y el riesgo para la seguridad pública, al permitirse —según la denuncia de Madrid— la regularización de extranjeros con antecedentes penales o incluso en situación de prisión provisional con solo cinco meses de estancia acreditada. El Gobierno central dispone ahora de cuatro días para presentar sus alegaciones frente a la petición de suspensión cautelar del proceso.
En el plano parlamentario, la tensión se ha desplazado hacia la exclusión del pueblo saharaui, lo que ha generado un bloque de rechazo contra el PSOE en el Congreso. Formaciones como Sumar y el Partido Popular han coincidido en la necesidad de corregir lo que consideran una discriminación política derivada de un dictamen del Consejo de Estado, que recomendó separar el estatuto de apátrida del proceso de regularización general. Esta exclusión deja a miles de saharauis en un limbo administrativo, ya que sus expedientes de apatridia pueden demorarse hasta tres años sin derecho a trabajar, a diferencia de otros solicitantes de protección. Ante la ausencia de los socialistas en las reuniones de urgencia, los grupos parlamentarios han anunciado que cuentan con mayoría suficiente para desbloquear de forma independiente la ley de nacionalidad saharaui y garantizar así sus derechos de residencia.
El despliegue de la regularización extraordinaria de extranjeros ha completado su primera semana con una intensa actividad en las oficinas públicas, lo que ha llevado al sistema administrativo a un importante esfuerzo de adaptación. Según informes sindicales, la afluencia de solicitantes en las sedes de la Seguridad Social y Extranjería ha superado en muchos puntos las previsiones iniciales, especialmente por la asistencia de grupos familiares que acuden de forma conjunta. Para garantizar que nadie se quede sin asistencia, los funcionarios están flexibilizando los tiempos de atención, lo que ha derivado en una extensión de los horarios de apertura para dar respuesta a todos los ciudadanos que aguardan su turno. En el apartado operativo, los equipos técnicos trabajan para optimizar las plataformas digitales tras detectarse algunas limitaciones en la capacidad de subida de archivos en el sistema Mercurio. Estos ajustes son habituales en procesos de tal envergadura, al igual que la coordinación con las oficinas de Correos en municipios de menor tamaño, donde se busca reforzar el servicio para equipararlo a las grandes ciudades. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial ya ha puesto en marcha un Plan Especial diseñado específicamente para agilizar los expedientes previos.