Meta se enfrenta a su mayor juicio hasta la fecha. El gigante tecnológico salió este martes en defensa de sus prácticas y rechazó las acusaciones de 29 estados de Estados Unidos que sostienen que la compañía diseñó deliberadamente Facebook e Instagram para generar adicción entre niños y adolescentes. "Discrepamos rotundamente" de estas acusaciones, afirmó el abogado de la tecnológica, Paul Schmidt, durante la apertura de un juicio histórico que puede desembocar en importantes cambios en el funcionamiento de ambas plataformas.
El representante legal de Meta ante el jurado, pidió que este mantenga "la mente abierta" durante el proceso, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland, en California, y que está previsto que se prolongue entre cuatro y seis semanas. El gigante tecnológico sostiene que ya ha adoptado medidas para reducir los efectos perjudiciales que sus redes pudieran ocasionar entre los usuarios más jóvenes, y defiende los esfuerzos realizados para mejorar su bienestar.
Schmidt puso como ejemplo los trabajos que Meta desarrolló después de que una encuesta de la propia compañía reflejara que un 20% de los adolescentes aseguraba sentirse peor cuando utilizaban Instagram. El abogado también destacó los mecanismos desplegados para impedir a los menores de 13 años el acceso a las plataformas. Según los datos aportados por la empresa, en los últimos tres meses se han eliminado alrededor de 600.000 cuentas de usuarios que no cumplían la edad mínima requerida.
Acusaciones
Frente a la defensa de la compañía se sientan los fiscales de 29 estados, que han tomado el juicio como una oportunidad para modificar las prácticas de Meta. La fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, asumió la representación del equipo demandante y acusó a la empresa de Mark Zuckerberg de haber "ocultado la verdad". "Cuando llegó el momento de elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios, una y otra vez ganaron los beneficios", afirmó O'Neill. Junto con ella, uno de los testimonios más destacados de la primera jornada del pleito fue el de Arturo Béjar, exempleado de la compañía, quien aseguró haber advertido durante el periodo que trabajó en la tecnológica a altos responsables sobre los daños que venían sufriendo algunos usuarios como consecuencia del diseño de Instagram. Según su declaración, esos perjuicios podían haberse evitado.
La presión sobre Meta se trasladó también a la sala de vistas con la presencia de varios responsables estatales, entre ellos el fiscal general de California, Rob Bonta; el de Colorado, Phil Weiser; y representantes de Nueva Jersey. Bonta explicó tras la audiencia que los demandantes pretenden que Meta modifique sus prácticas empresariales y que introduzca cambios en aquellas funciones de sus plataformas que, según sostienen, favorecen comportamientos “obsesivos, excesivos y compulsivos” y que la compañía conocía. Un fallo favorable podría acarrear sanciones civiles; la devolución de beneficios considerados ilícitos, una cuantía que podría elevarse hasta los 1,4 billones de dólares; o modificaciones, como por ejemplo, restricciones de acceso por edad, límites estrictos de tiempo para los menores, el fin del ‘scroll’ infinito y una reducción de las notificaciones constantes.
Zuckerberg y Mosseri
El litigio forma parte de un proceso más amplio de las autoridades estadounidenses contra las grandes compañías tecnológicas por sus prácticas respecto a los menores, en el que también aparecen otros gigantes como Google, TikTok y Snap. Meta afrontará ahora un juicio de entre cuatro y seis semanas en el que está previsto que declaren algunos de sus principales responsables. El consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, podrían ser llamados a testificar.
A las puertas del tribunal también estuvieron presentes padres que han demandado a Meta por los daños que, según sus denuncias, han sufrido sus hijos. El proceso determinará si las acusaciones de los estados tienen fundamento y, en caso de prosperar, hasta qué punto la compañía deberá modificar el funcionamiento de unas plataformas utilizadas a diario por millones de menores.