Más de 2.500 comités de empresa se han adherido a la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre y unos 2.000 delegados sindicales de UGT y CC.OO. han participado este lunes en una asamblea celebrada en Getafe (Madrid) para preparar la huelga, una movilización que los sindicatos quieren aprovechar para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, mejoras laborales y un reparto más equitativo de la riqueza.
Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado antes del acto que más de 2.500 comités de empresa se han adherido a la convocatoria y ha subrayado que las organizaciones sindicales tienen por delante la tarea de trasladar los motivos de la huelga a los centros de trabajo.
Álvarez ha señalado que la vivienda es el detonante de la movilización, pero ha defendido que existen otras razones para convocarla, entre ellas los conflictos abiertos en numerosos sectores por la negociación de sus convenios colectivos.
Falta de negociación
En este sentido, ha denunciado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) lleva más de un año sin querer sentarse a negociar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, un instrumento que, según ha explicado, debe establecer las bases de la negociación colectiva a nivel estatal.
El dirigente sindical ha defendido que la huelga debe servir para abordar también cuestiones como las pensiones, las bajas laborales y el reparto de la riqueza. "Queremos hablar del reparto de la riqueza, que en nuestro país se lo están llevando unos pocos", ha afirmado.
Incrementos salariales
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reclamado que los beneficios empresariales se trasladen a los salarios y ha defendido incrementos salariales de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. Asimismo, ha reiterado que los sindicatos pedirán una subida del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027.
Sordo ha indicado que las organizaciones sindicales todavía no han iniciado contactos ni negociaciones con el Gobierno español sobre el salario mínimo y ha reclamado que se cumplan los compromisos relativos a la absorción y compensación de los complementos salariales.
Por otro lado, Álvarez ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que apruebe el real decreto sobre control horario para acabar con las horas extraordinarias que no se remuneran. Según ha indicado, en España se realizan más de tres millones de horas extra semanales que no se cobran.