Un total de 1.415 mujeres protegidas mediante el sistema de pulseras telemáticas tienen órdenes de alejamiento con distancias de hasta 350 metros, según el último informe del centro de control Cometa, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El fabricante recomienda un mínimo de 350 metros para favorecer el funcionamiento de la localización GPS, mientras que el protocolo del sistema aconseja al menos 500 metros para lograr una mayor eficacia.
El documento, cuyo contenido han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, recoge 5.817 expedientes abiertos. De ellos, 25 establecen una distancia inferior a 100 metros, 139 fijan entre 100 y 199 metros y otros 1.251 contemplan un perímetro de entre 200 y 350 metros. La distancia más habitual es la de 500 metros, presente en 3.935 expedientes.
Menos margen para evitar una agresión
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado esta semana que los jueces establezcan órdenes de alejamiento "con la distancia suficiente". El Ministerio ya advirtió en febrero de que los perímetros inferiores a 350 metros dificultan la protección de las víctimas, al reducir el tiempo disponible para actuar cuando se detecta una aproximación.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, trasladó esa preocupación por carta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía. En la misiva alertó de que, con distancias reducidas, resulta "muy complicada" la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad para llegar a tiempo y evitar una agresión.
Una víctima en Ibiza tenía una orden de 100 metros
En febrero, una mujer de 31 años resultó herida de gravedad en Ibiza en una agresión de su expareja, que también hirió a su madre y a su hermana. El hombre tenía una orden de alejamiento de 100 metros. Según Igualdad, el sistema telemático registró y transmitió correctamente las señales previstas, pero la distancia fijada limitó el margen de respuesta ante una aproximación repentina.
Cometa había remitido en enero un escrito a la autoridad judicial en el que recomendaba ampliar el perímetro a 350 metros. El objetivo era mejorar la seguridad y dar más tiempo de actuación tanto al centro de control como a los agentes. Tras la agresión, Redondo insistió en que las medidas de alejamiento deben permitir que la víctima contacte con la policía y que esta pueda intervenir.