Marlaska defiende la actuación de los policías en Ferraz: "No obedecen criterios políticos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes la actuación de la Policía Nacional ayer ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y ha garantizado que, por lo menos desde que él es ministro, las fuerzas de seguridad "no obedecen ningún criterio político", sino operativo.

En declaraciones en los pasillos del Senado, y sin citar al PP o a Vox, ha rechazado que determinados partidos justifiquen acciones violentas "absolutamente deleznables en democracia", como los disturbios que tuvieron lugar antes en la concentración contra la amnistía ante la sede socialista, y ha instado a "la derecha y la ultraderecha" a evitar discursos ambivalentes.

"Me molesta muchísimo que alguien ponga en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional", ha indicado antes de subrayar que los agentes actúan siempre con criterios de "profesionalidad, necesidad y, por tanto, de legalidad".

Ha insistido en que solo responden a criterios operativos, de la cadena de mando, pero ha garantizado que, como ministro de Interior, asume todas las órdenes dadas en el ámbito operativo como si las hubiera dado él mismo.

El "acoso" a la sede "no cabe en una democracia"

Preguntado por la posibilidad de reforzar la seguridad de las sedes del PSOE, que ha suspendido las actividades de las tardes ante las movilizaciones, ha señalado que los órganos operativos decidirán el número de efectivos que es necesario desplegar tras analizar cada situación concreta.

Y ha insistido en su llamada a "la derecha y la ultraderecha" para que tengan un discurso claro en favor de la paz y la sensatez, porque lo ocurrido ayer, el "acoso" a la sede del PSOE y la "coacción", "no cabe en una democracia".

Sobre la resolución adoptada ayer contra la amnistía por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los votos de los vocales conservadores, Marlaska ha considerado que hablar sin conocer el texto legal y tras cinco años de "prórroga indebida" supone "una deslealtad constitucional".