La crisis abierta en la localidad vizcaína de Igorre a raíz del impago de las participaciones de la Lotería de Navidad vendidas por el club de rugby Arratiako Zekorrak continúa agravándose. Según los últimos datos proporcionados por fuentes del Departamento de Seguridad, el número de denuncias formales interpuestas ante la Ertzaintza por los ciudadanos afectados ha alcanzado ya la cifra de 109 hasta este viernes.
La estrategia acordada pasa por seguir adelante con el proceso legal mediante la contratación de un abogado especializado o buscar cualquier otra vía jurídica que permita acelerar las gestiones para el cobro. El objetivo último de este movimiento es dar el paso definitivo hacia los tribunales para asegurar que el club cumpla con sus obligaciones financieras.
¿El club tiene que pagar?
En ONDA VASCA hemos analizado la compleja situación generada con el abogado, Iñaki Barredo, que deja claro que los compradores "tienen derecho a cobrar (el premio), no hay ninguna duda". Pero añade que esto dependerá directamente de la capacidad económica de la entidad. El letrado subraya que la relación contractual es clara: el club es el responsable único por haber vendido participaciones de algo que afirmaba poseer, pero que finalmente no ha podido cubrir tras el sorteo.
"Tiene que salir del club, que es el que ha vendido de más, participaciones no respaldadas por un décimo. Yo te como comprado a ti, te he contratado a ti. Yo te he comprado una participación de un de de de algo que tú me has dicho que tenías, que era un décimo que respaldaba esa participación y ahora resulta que cuando me toca voy a cobrar y no hay décimo que respalde esa participación", explica.
El problema es este tipo de clubs deportivos es la escasa solvencia. "No van a tener capacidad económica para pagar lo que se dice, que son 10 000 euros por participación. Pero realmente la responsabilidad única y directa, en este caso la tiene el club, no hay ninguna duda. Otra cosa es que sea una responsabilidad penal o única y exclusivamente civil", matiza.
¿Cuál es la mejor opción legal?
Respecto a la estrategia legal, el letrado advierte sobre los riesgos de optar por la vía penal, ya que el Tribunal Supremo exige demostrar un acuerdo previo y premeditado para engañar. Barredo señala que, si se alega un error de imprenta o falta de intencionalidad, es probable que se dicte una sentencia absolutoria tras años de proceso, obligando a las víctimas a iniciar de nuevo un procedimiento civil.
Por eso, apunta que los afectados deben valorar si acudir directamente a una demanda colectiva civil para buscar la solvencia del club o incluso de sus responsables físicos, dado que en muchas asociaciones deportivas "responden las personas físicas que están detrás de ese club deportivo".
Finalmente, Barredo aclara que quienes ya han percibido su premio no tienen ninguna obligación legal de devolver los fondos para un reparto equitativo, pues eran poseedores legítimos de sus participaciones. En cambio, aquellos que aún no han cobrado están en su derecho de exigir no solo el importe del premio, sino también "intereses legales, intereses judiciales, daños y perjuicios y costas del procedimiento".