Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han alcanzado este lunes un acuerdo histórico para imponer sanciones contra colonos israelíes responsables de actos violentos en Cisjordania y contra figuras destacadas de Hamás. La decisión, que pone fin a meses de parálisis diplomática, ha provocado una airada respuesta del Gobierno de Israel, que defiende su derecho sobre el territorio ocupado, mientras la diplomacia europea estudia nuevas medidas comerciales contra los asentamientos ilegales.
Bruselas ha dado este lunes un paso significativo en su política hacia el conflicto en Oriente Medio. Tras un prolongado periodo de estancamiento, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han dado "luz verde" a un nuevo paquete de sanciones dirigido contra los colonos israelíes que ejercen violencia contra la población palestina. "Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción", afirmó la alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, al anunciar el acuerdo. La jefa de la diplomacia europea subrayó que "el extremismo y la violencia tienen consecuencias", reforzando la postura de que el bloque no tolerará acciones que vulneren el derecho internacional.
Este avance diplomático ha sido posible tras superarse el bloqueo que mantenía el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán, que hasta ahora había vetado sistemáticamente la propuesta. Kallas recordó que la medida "llevaba bastante tiempo sobre la mesa" y celebró que, en esta ocasión, se haya podido "avanzar de verdad". No obstante, la acción de la UE no se limita únicamente a los colonos. Los ministros acordaron simultáneamente nuevas sanciones contra "figuras destacadas de Hamás", una medida que Kallas justificó bajo la premisa de que "era hora de que pasáramos del punto muerto a la acción".
Desde la perspectiva de las fuentes diplomáticas de la UE, lo pactado este lunes envía una señal clara: "Defendemos firmemente el respeto al derecho internacional y, desde la perspectiva de la UE, no puede haber doble rasero". Sin embargo, el debate en el seno del Consejo de la UE se extiende más allá de las sanciones individuales. Actualmente, se está trabajando en posibles medidas comerciales para los productos procedentes de los asentamientos ilegales, aunque todavía no existe un consenso unánime.
Francia y Suecia han planteado la posibilidad de imponer aranceles a estos productos, mientras que el ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, fue más allá al solicitar la "prohibición total del comercio con los asentamientos israelíes". Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó a sus homólogos a pasar a la acción respecto al acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Albares solicitó que se someta a votación la suspensión de las ventajas comerciales debido a la situación de los derechos humanos en Palestina. "Solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello", declaró el ministro español a su llegada al Consejo.
La respuesta de Israel no se ha hecho esperar y ha sido de un rechazo tajante. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó de "escándalo" que la UE sancione a figuras de Hamás al mismo tiempo que a colonos israelíes, argumentando que se trata de una "equivalencia moral completamente distorsionada". Saar defendió firmemente la presencia israelí en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967, afirmando que "ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y de tan larga data a su tierra como el pueblo judío tiene a la tierra de Israel". Según el ministro, se trata de un "derecho moral e histórico" reconocido por el derecho de gentes que "ningún actor puede arrebatar".
La realidad sobre el terreno, sin embargo, refleja una tensión creciente. Los colonos israelíes en Cisjordania, cuya residencia es ilegal bajo el derecho internacional, acosan diariamente a las poblaciones palestinas mediante el robo de cultivos, ganado y asaltos violentos a viviendas. Pese a que las Fuerzas Armadas israelíes suelen estar presentes en estos ataques, habitualmente no intervienen o actúan en defensa de los colonos. Esta situación se ve agravada por una impunidad estructural denunciada por organizaciones de derechos humanos como Yesh Din. Según sus datos, entre 2005 y 2024, el 94% de las investigaciones policiales por violencia de colonos terminaron sin acusación, y apenas un 3% de los expedientes resultaron en condenas. Con estas nuevas sanciones, la UE busca ejercer presión directa sobre los responsables de esta violencia en un momento de máxima volatilidad regional.