Los traspasos de la Seguridad Social acercan a PNV y PSE

Decía el martes Andoni Ortuzar que una de las primeras tareas que va a tener el nuevo Gobierno vasco sobre la mesa será el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y la negociación de las transferencias pendientes con el Gobierno español. Una tarea que habría que acometer “a toda pastilla” porque lo idóneo sería dejar cumplido ese acuerdo antes de afrontar un nuevo pacto estatutario. El acuerdo de investidura del PNV con el presidente Sánchez fijaba un plazo de dos años para realizar todas las transferencias, de las cuales se han cerrado ya las que tenían que llegar en los tres primeros meses de andadura de su gabinete. Queda más de una veintena, y aquí emerge una coincidencia relevante entre el planteamiento del futuro lehendakari, Imanol Pradales, y el programa electoral del PSE, puesto que ambos destacan la importancia de las transferencias relacionadas con el ámbito laboral y la Seguridad Social. Son competencias sobre las que existe cierta leyenda negra en ámbitos centralistas de Madrid, pero tienen soporte estatutario y Sánchez no las excluyó del pacto.

El futuro lehendakari ya puso el foco durante la campaña en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Hondarribia y Foronda (particularmente, de este último, por su capacidad para acoger vuelos transoceánicos); los puertos de Bilbao y Pasaia; y también la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y las materias de los artículos 18 y 12 para articular un marco sociolaboral vasco, como la gestión del Fogasa, el fondo que paga los salarios en las empresas en quiebra. Se da la circunstancia de que, dentro del paquete de ofertas que envió la consejera Garamendi al Gobierno español, se encontraba una de las materias de la Seguridad Social, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, una materia que, enunciada de esta forma, parece que no es muy sugerente pero se refiere a la salud laboral.

Y esta materia conecta con el programa que presentó el PSE a las elecciones: recogía el traspaso del “Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ubicado en Barakaldo, que permitirá la plena integración de las funciones de Osalan”; la apuesta por que el traspaso de Inspección de Trabajo confluya con el nuevo organismo Hobelan; la autorización de los permisos de trabajo para las personas migrantes, y el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, también la ventanilla para pagar las pensiones manteniendo la unidad de caja. Puede ser que algunas de estas cuestiones hayan suscitado un especial interés en el PSE por su expectativa de seguir gestionando las áreas de Trabajo y Empleo en el próximo Ejecutivo vasco.

Litoral, meteorología...

En paralelo, están abiertas las vías del resto de ofertas que envió el Gobierno vasco a Madrid, como la ordenación del litoral (se ha recibido un importante aval con la sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza el traspaso a Galicia sin necesidad de reformar su Estatuto, que es calcado al vasco en ese punto), meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, y autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes.

El Gobierno español firmó a principios de año el traspaso de las líneas de trenes de cercanías, la convalidación de títulos de educación superior, y la acogida de los refugiados. Quedan pendientes otras como los aeropuertos, los seguros agrarios, los servicios privados de seguridad, mercados de productos de la pesca; seguros, crédito y banca; crédito oficial, mercado de valores, centros de investigación y asistencia técnica, hidrocarburos, sector público estatal, administración institucional e innovación tecnológica, permisos de circulación y matriculación de vehículos, régimen electoral municipal, inspección pesquera, experimentación de obras públicas y las materias relacionadas con la Seguridad Social.