Sumar, PNV, Bildu, ERC, Compromís y el BNG han registrado una iniciativa en el Congreso instando al Estado a realizar una declaración oficial "al más alto nivel" para reconocer su "responsabilidad principal y directa" en los crímenes perpetrados durante los Sanfermines de 1978, en Iruñea, y en los sucesos de Gasteiz del 3 de marzo de 1976.
Así consta en la proposición no de ley presentada por el partido minoritario del Gobierno de coalición y el grueso de sus aliados parlamentarios para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso.
El pasado 3 de marzo se cumplieron 50 años de la masacre de Gasteiz, en la que fallecieron cinco jóvenes y decenas de personas resultados heridas los disparos indiscriminados de la Policía contra la iglesia de San Francisco donde se celebraba una asamblea de huelguistas. Dos personas más murieron dos días después en Basauri y Tarragona, en manifestaciones de protesta.
El 8 de julio de 1978, en plenas fiestas de San Fermín y también con motivo de una actuación policial falleció un joven y otras once personas recibieron heridas de bala. A estas víctimas se sumó el 11 de julio otro hombre asesinado por un disparo policial en una marcha que tuvo lugar en Donostia.
En el texto que se debatirá en el Congreso también se emplaza al Gobierno español, con especial mención a los ministerios de Interior y Defensa, a las delegaciones del Gobierno en Nafarroa y la CAV, y a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática a dar "pasos reales y definitivos para garantizar el Derecho a la Verdad de todas las víctimas de la violencia del Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a producirse".
Los tres puntos de la proposición no de ley ya fueron aprobados en los ayuntamientos de las localidades en las que se produjeron aquellos crímenes: Gasteiz, Iruñea, Donostia y Astigarraga en resoluciones impulsadas por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78: Gogoan!
Actuaciones "de carácter criminal"
Los firmantes de la iniciativa recuerdan que Moncloa ya ha aprobado las declaraciones de reconocimiento y reparación personal que solicitaron 40 víctimas o familiares de víctimas del 3 de Marzo y del 8 de Julio, pero recalcan que aquellos sucesos "trascienden con mucho el ámbito de los meros reconocimientos individuales" y es el momento de "adentrarse en el terreno de las responsabilidades políticas que envolvieron y justificaron aquellas actuaciones de carácter criminal".
"Más en concreto, en las correspondientes a toda la cadena de mando policial y política que participó en aquellas agresiones indiscriminadas dirigidas contra la población civil y, de modo principal, a los distintos gobiernos existentes en aquellas fechas", reza la propuesta.
"Las citadas muertes no fueron casuales ni fruto de ningún error, sino intervenciones realizadas con premeditación y alevosía, obedeciendo órdenes emanadas de superiores instancias policiales y políticas que fueron las que aprobaron aquellas operaciones", enfatizan los firmantes de la iniciativa, que resaltan que su "carácter criminal" quedó evidenciado en las grabaciones de conversaciones de mandos policiales que salieron a la luz hace unos años.