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Los municipios de Iparralde se oponen a financiar la alta velocidad desde Burdeos

Tren TGV en la estación de Saint - Jean, en Burdeos.
Tren TGV en la estación de Saint - Jean, en Burdeos.

La entidad que agrupa los municipios de Iparralde, se pronunció este sábado contra la financiación que se le pide para la construcción de un tramo de la alta velocidad ferroviaria proyectada desde Burdeos con la intención de conectar en el futuro con el Estado.

Un 78 % de los representantes de la Euskal Hirigune Elkargoa se pronunciaron contra la contribución de 45,8 millones de euros, mientras que la apoyaron un 22 % al término de una sesión dirigida por su presidente, el alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, emitida en la web de la institución.

El proyecto de la llamada Línea de Alta Velocidad Sudoeste, que se encuentra en fase de tramitación, prevé la extensión de esta infraestructura desde Burdeos hacia el sur con dos ramales, uno que llegaría hasta Toulouse y otro hasta Dax, 150 kilómetros al sur, camino de Euskadi.

El ramal de Toulouse permitiría reducir el trayecto desde Burdeos en una hora, mientras que el ramal de Dax (que finalizaría a unos 90 kilómetros de la frontera española) lo disminuiría en 20 minutos.

El conjunto del proyecto, que en caso de materializarse podría ser una realidad en el horizonte de 2030-2032, está presupuestado en 14.300 millones de euros, un 40 % de los cuales procederían del Estado francés, otro 40 % de las administraciones locales y regionales, y el 20 % restante de fondos europeos.

El prefecto de la región de Occitania y coordinador del proyecto, Étienne Guyot, recordó esas cifras en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que indicó que esta mañana había presentado el estado de los procedimientos.

Guyot subrayó que solo faltan 235 millones de euros de compromisos de las administraciones territoriales para cubrir el monto total previsto, por lo que consideró que "vamos por buen camino".

Destacó que en menos de un mes 23 de las 26 administraciones consultadas se han pronunciado en favor y lanzó un mensaje para conseguir una solución para las otras.

Con vistas a la financiación, en enero de 2023 debe empezar a recaudar un Impuesto Especial de Equipamiento (TSE, en sus siglas en francés) que tendrán que pagar los particulares y las empresas situados a menos de una hora de una estación del tren de alta velocidad.

El prefecto avanzó que a comienzos de enero de 2022 está previsto transmitir al Consejo de Estado un decreto para la creación de una entidad de gestión con un plan de financiación cerrado para que el Consejo de Ministros del Gobierno francés pueda oficializar su aprobación, como muy tarde, en el mes de abril. 

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