Cuando una persona de origen extranjero comete delitos de manera reiterada o con violencia, o forma parte de una banda criminal o terrorista, existe la posibilidad de expulsarla del Estado, pero la competencia para hacerlo corresponde a la Policía española en exclusiva. Esta Policía controla todo el proceso y se encarga de la redacción de los informes que se utilizan para tomar la decisión aunque el detenido en cuestión haya delinquido en la comunidad autónoma vasca, donde existe un cuerpo reconocido como Policía integral como lo es la Ertzaintza. Pero los gobiernos vasco y español han alcanzado un acuerdo en el seno de la Junta de Seguridad para que, por primera vez, la información de la Ertzaintza cuente y se incorpore a este procedimiento. El anuncio lo ha realizado este miércoles el consejero Bingen Zupiria tras la reunión por videoconferencia con el ministerio de Fernando Grande-Marlaska y, según las fuentes consultadas por Grupo Noticias en el departamento, se va a traducir en "una puesta en común de los expedientes que sean objeto de tramitación". La Policía española seguirá redactando el expediente, pero la Ertzaintza, mediante el informe correspondiente, aportará los datos que tiene sobre las personas implicadas. La novedad es que se incorporarán y se tendrán en cuenta por primera vez todos los datos sobre el caso que proporcione la Ertzaintza, que es la Policía que actúa sobre el terreno y que en prácticamente todas las ocasiones actúa a pie de calle sobre estas personas. La nota del ministerio de Interior confirma que "la información operativa y de contexto generada por la Ertzaintza se incorporará a los informes que emita la Policía Nacional en los procedimientos de expulsión".
El departamento de Zupiria asegura que este procedimiento se activará en los casos de delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi. El consejero mencionó también el "terrorismo" en su rueda de prensa, y puso en valor que este acuerdo amplifica el papel de la Ertzaintza en el control y seguimiento de esos delincuentes. Por tanto, todos los supuestos son casos que generan alarma social o delincuentes con un desarraigo absoluto que son percibidos como amenazas públicas, y el Gobierno Vasco otorga una relevancia estratégica a estos acuerdos, porque cree que servirán para aliviar la sensación de inseguridad en determinadas zonas. La primera vez que se habló sobre este asunto, Zupiria matizó por activa y por pasiva que los delincuentes son de todas las nacionalidades, también españoles y vascos, pero en el caso de los extranjeros existe la posibilidad de la expulsión, y la Ertzaintza debía tener algo que decir en ese proceso. También se ahorró cualquier insinuación sobre si la Policía española era o no era contundente en estos procesos, aunque en algunos ámbitos se intentó hacer la lectura de que el Gobierno Vasco había endurecido su discurso con decisiones como la publicación del origen de los delincuentes. Esa decisión se justificó con el argumento de la transparencia y de que era preferible ofrecer datos oficiales en lugar de dejar el paso libre a los bulos de la extrema derecha.
Este acuerdo comenzó a gestarse en la Comisión Bilateral que presidieron el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez en marzo y, de hecho, ambos quedaron en concretar esos compromisos en una Junta de Seguridad. En marzo se esbozó un compromiso pero quedaba concretar la vía por su complejidad jurídica, ya que la competencia es estatal. Tenían que decidir si se iba a activar un canal de colaboración entre gobiernos, o bien una delegación competencial para crear espacios de codecisión como lo pactó Junts (no es el caso vasco), una vía que tampoco es la panacea porque queda al albur de las mayorías del Congreso (Junts ya ha comprobado en persona lo tortuoso que es este camino y lo sencillo que resulta que otros socios por la izquierda mantengan bloqueada la votación). Y la delegación competencial catalana, si entrara en vigor, seguiría siendo reversible. Los sindicatos de la Policía española Jupol y Sup, de todos modos, se han tomado el acuerdo vasco como una fragmentación competencial. La Junta de Seguridad es solo una de las tres condiciones que puso Pradales a Sánchez para poder reunirse a finales de este mes de julio, y ya estaba encarrilada desde hace días, como adelantó este medio de comunicación.
También se impulsará el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, de tal manera que la Ertzaintza podrá acceder a los datos y tener fichadas a las personas que se dedican a delinquir por toda la geografía del Estado.
Armas blancas y otros objetos peligrosos
La concreción del papel de la Ertzaintza en las expulsiones es la principal novedad en los nueve pactos anunciados por Zupiria, porque buena parte de ellos estaban ya preacordados y anunciados por Sánchez y Pradales. Sí se añadió un plazo para el cumplimiento efectivo y la ejecución de todos ellos: seis meses. Pasado ese plazo, se reunirá otra Junta de Seguridad para evaluar su cumplimiento y, mientras tanto, se pondrán en marcha unas comisiones técnicas para trabajar en la implantación de las medidas. Una parte del bloque de acuerdos pretende atajar la multirreincidencia, y hay otros compromisos que amplían las herramientas de la Ertzaintza y su campo de actuación como Policía integral en el acceso a las bases de datos, la lucha contra el blanqueo de capitales, o el control del vuelo de drones, una cuestión que puede parecer menor pero que ya está en el radar del Gobierno Vasco porque esos aparatos pueden servir para realizar operaciones de espionaje y atacar infraestructuras críticas (el simulacro de atentado contra Enagás incluía un dron espía sobre la empresa gasística).
Ahora bien, Zupiria no quiso ocultar que algunas cuestiones no dependen en exclusiva de los dos gobiernos, sino de las mayorías del Congreso de los Diputados, como ocurre con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desarrollar el concepto de la reiteración delictiva y permitir que un juez pueda encarcelar de manera preventiva a un delincuente que tenga varios procedimientos abiertos aunque no tenga una sentencia en firme sobre ellos. Lo que dijo el departamento después de la Junta de Seguridad es que la reforma respetará "la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la excepcionalidad de las medidas cautelares". Zupiria se comprometió a implicarse en esa búsqueda de mayorías. Por el contrario, el Gobierno español no tiene ataduras a la hora de prohibir el porte de armas blancas en espacios públicos. Lo puede hacer desde el Consejo de Ministros con una reforma del Reglamento de Armas, y la Junta de Seguridad ha puesto negro sobre blanco el compromiso de impedir que las armas blancas con filo u otros objetos peligrosos estén en circulación en lugares concurridos, establecimientos de ocio nocturno o eventos multitudinarios. El año pasado, se incautaron 1.999 armas blancas en la comunidad autónoma vasca, y 520 objetos peligrosos, como barras metálicas.
Sobre los drones, se impulsará una modificación normativa para "reconocer expresamente" que el control de las operaciones y vuelos corresponde al departamento de Seguridad, de tal manera que reciba las comunicaciones previas al vuelo; y habrá que realizar otras adaptaciones para cuando los drones se avisten en los aeropuertos. La Ertzaintza tendrá también "pleno acceso" al punto de contacto único europeo que contiene la información de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea y las aduanas, un punto que sigue siendo dependiente de la secretaría de Estado. Se auguran igualmente una serie de modificaciones legales para que la Ertzaintza participe en el Sepblac, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, y en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Se va a incorporar a la Ertzaintza en los planes anuales de inspección de precursores de explosivos, mediante la adaptación normativa que se requiera y en coordinación con los órganos estatales. El octavo acuerdo se refiere a los servicios privados de seguridad y es de tipo competencial, ya que Euskadi verá reforzadas sus atribuciones de inspección, sanción y registro, y participará en el diseño de módulos formativos y pruebas de acceso del personal de seguridad privada a través de la academia de Arkaute. Por último, se impulsará la colaboración entre la Ertzaintza y los órganos estatales competentes en ciberseguridad.
"Una Euskadi más segura"
Como lectura política, Zupiria reivindicó que estos acuerdos "dan respuesta a las principales preocupaciones que están manifestando los ciudadanos en torno a la seguridad", unas preocupaciones que le han transmitido también en el Basque Segurtasun Foroa que ha llevado a cabo encuentros por toda la comunidad. "Hemos dado un paso efectivo en la construcción de una Euskadi más segura", insistió. "Los acuerdos permiten que Euskadi siga siendo un país seguro con una mayor capacidad de respuesta institucional y con una Policía integral, la Ertzaintza, que se ve reforzada y adquiere plena integración en los foros", resumió. En la Junta de Seguridad participaron el consejero Zupiria, el viceconsejero Ricardo Ituarte, el director Asier Erkoreka, y Victoria Landa como directora de la Ertzaintza por la parte vasca. El Gobierno español participó en la cita telemática con el ministro Marlaska, la secretaria de Estado Aina Calvo; la delegada del Gobierno español en suelo vasco, Marisol Garmendia; el director general de Coordinación y Estudios, Eugenio Pereiro; y el secretario general Técnico del ministerio, Juan Antonio Puigserver.