El Gobierno Vasco aprieta para conseguir nuevas herramientas para reforzar la seguridad ciudadana. Durante el encuentro que mantuvo el lehendakari Pradales con el presidente español, Pedro Sánchez, el 27 de marzo, el Estado se comprometió a reformar el Reglamento de Armas para prohibir en su totalidad el porte de navajas en lugares públicos, sin ambigüedades ni zonas grises en la legislación que den margen para la interpretación; se iba a reforzar también el papel de la Ertzaintza a la hora de redactar los informes policiales que se utilizan para decidir la expulsión de las personas que delinquen con especial gravedad y son extranjeras, y se iban a abordar cuestiones relacionadas con el acceso a las bases de datos, entre otros puntos. Esos compromisos, dentro de un paquete más amplio, tenían que concretarse en una Junta de Seguridad, que es el órgano bilateral que congrega al consejero de Seguridad y al ministro de Interior. Fuentes del departamento de Bingen Zupiria consultadas por Grupo Noticias aseguran que los preparativos de esa Junta de Seguridad están "muy avanzados" y que están a la espera de cerrar una fecha con el ministerio de Fernando Grande-Marlaska para celebrar esa bilateral. Confirman que esas tres cuestiones relativas a las armas blancas, los informes de extranjería y las bases de datos "están sobre la mesa". En cualquier caso, al margen de estas medidas que suscitan una mayor expectación mediática, hay otros compromisos pendientes de su ratificación y tienen que ver con la autorización del vuelo de los drones o con el acceso de la Ertzaintza al punto único de contacto europeo sin una gestión centralizada.
Esta reunión tendría que haberse producido en junio, pero los plazos se han sobrepasado ligeramente y el calendario se ha adentrado ya en el mes de julio. En este contexto habría que situar la presión pública que ha ejercido el lehendakari Pradales para que Sánchez cumpla los acuerdos de marzo, también los relativos a la celebración de la Comisión Mixta del Concierto para abordar asuntos como la financiación de la dependencia, y avanzar en la negociación de las transferencias pendientes. Si no se cumple la agenda de marzo ni se alcanzan acuerdos concretos sobre las competencias del Estatuto de Gernika, Pradales no querrá reunirse con Sánchez este mes en la Comisión Bilateral, porque el encuentro sería una mera fotografía sin contenidos, aunque en La Moncloa pudiera ser útil de todos modos para construir el relato de que la legislatura española sigue viva.
Los compromisos que alcanzó el Estado en marzo
El PNV concede un valor estratégico a este paquete de acuerdos en materia de seguridad. Es un debate que ha escalado posiciones entre las prioridades de Pradales, y ha ganado protagonismo en la acción del Gobierno Vasco a medida que las encuestas han reflejado una preocupación emergente por la situación en determinados barrios de los entornos urbanos. Desde entonces, el PNV ha puesto el foco en casuísticas que generan una alarma especial, como las peleas con navajas o la sensación de impunidad que provoca la multirreincidencia y que una persona siga cometiendo delitos a la espera de ser juzgada. Bajo la premisa de que esta realidad está en la calle y forma parte de la conversación de la ciudadanía, el lehendakari decidió elevar el rango de este debate y lo introdujo en su agenda bilateral con el presidente español.
El 27 de marzo salió del encuentro con una serie de compromisos que quedaron pendientes de su posterior concreción. Por un lado, el Estado se encargaría de modificar la normativa de su competencia para dejar claro que no se pueden llevar armas blancas en lugares públicos bajo ninguna circunstancia. Iba a analizar el "endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas" en espacios como el ocio nocturno, los festejos o el transporte público, y lo iba a hacer con una revisión del artículo 146 del Reglamento de Armas para evitar interpretaciones discrepantes. Es un artículo que deja demasiados cabos sueltos, porque prohíbe llevar navajas y cuchillos, pero se refiere especialmente a aquellos que tengan una hoja puntiaguda y, para mayor enredo, todo queda al albur del "prudente criterio de las autoridades y sus agentes", que serán los que tengan que apreciar "si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia". Además, esa prohibición se iba a hacer pública con carteles.
Por otro lado, acordaron la "puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, con acceso para la Ertzaintza", que es relevante para controlar la multirreincidencia; el "impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el juez pueda sopesar si envía a un detenido a prisión preventiva en el caso de que tenga varios procedimientos abiertos aunque no haya sentencia firme sobre ellos; la "participación complementaria de la Ertzaintza en materia de extranjería cuando exista incidencia en la seguridad pública", que la Ertzaintza autorice los vuelos de drones, y que la Policía vasca tenga presencia directa en el punto único de contacto europeo para cruzar información sobre el crimen organizado sin la tutela de la Policía española. La idea del PNV es conseguir más herramientas y eliminar vacíos legales para afrontar esta situación, que además está siendo utilizada por ámbitos de la derecha y la ultraderecha para engordar su masa de votantes con discursos de trazo más grueso.
Las 1.999 armas blancas incautadas en la comunidad autónoma en 2025
Tras la firma de estos compromisos, el PNV apretó en el Congreso al ministro Marlaska para que concretara las medidas que iba a tomar. El ministro se comprometió a poner en marcha los acuerdos a la mayor brevedad y, técnicamente, algunos no tendrían que pasar por el Congreso de los Diputados ni someterse a sus complicadas mayorías, como es el caso de la reforma del Reglamento de Armas, que es potestad del Consejo de Ministros. Pero este dato no garantiza por sí solo que el trámite sea rápido y, de hecho, el Gobierno español lleva un tiempo embarcado en un procedimiento de reforma para adaptarse a la normativa europea y para incorporar algunos cambios relacionados con el ámbito de la caza, y la modificación se topó con miles de alegaciones que la han mantenido varada.
El departamento vasco ha constatado que el porte de las armas blancas se está normalizando en la calle, una conclusión que ha extraído con los datos en la mano, con el informe sobre el estado de la seguridad pública en Euskadi de 2025: la Ertzaintza y las policías locales incautaron el año pasado 1.999 armas blancas en la calle (desde navajas hasta katanas y machetes, pero cabe recordar que se cuentan al margen los objetos que no tienen filo, como las barras metálicas y, en ese caso, requisaron 520 objetos peligrosos). No son tantos los delitos cometidos con esas armas, pero las informaciones al respecto sí corren como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, y el departamento cree que contribuyen a alimentar la percepción de inseguridad. De hecho, entre los acuerdos alcanzados en marzo con el Gobierno español, se encontraba la "señalización visible en espacios públicos" para informar a la ciudadanía sobre esta prohibición de llevar navajas. El PNV otorga un doble valor a esta medida, porque considera que va a disminuir la percepción de inseguridad: cree que, si la ciudadanía ve las señales y se informa de que está prohibido llevar esas armas, aumentará su percepción de seguridad.