El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado la instrucción de la causa contra Carles Puigdemont y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal, que juzgó el "procés", la decisión de aplicarle la ley de amnistía. El expresidente catalán y líder de Junts estaba procesado por malversación.
Así lo recoge un auto al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el instructor considerara el pasado octubre que Puigdemont podía beneficiarse de la norma y confirmara el levantamiento de su orden de detención. Llarena también deja sin efecto el procesamiento de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
La doctrina del Constitucional
El instructor entendió que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía del delito de malversación, fijada en la sentencia que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa, era extensible al caso de Puigdemont. Con ese argumento, desestimó el recurso de la acusación popular de Vox contra su decisión de anular las órdenes de detención de los tres dirigentes, que no habían sido juzgados tras salir del Estado para eludir la acción de la justicia.
Llarena sostuvo que debía aplicar el criterio del Constitucional aunque no compartiera sus razones y que esa discrepancia no podía condicionar ni retrasar el cumplimiento de la sentencia. No obstante, reprochó al tribunal de garantías una falta de "mesura" en su resolución.
El magistrado precisó entonces que el levantamiento de las órdenes de detención no suponía el cierre del sumario ni la concesión definitiva de la amnistía. La decisión sobre la extinción de la responsabilidad penal y el sobreseimiento correspondía al órgano competente, al que ahora traslada el asunto. La Sala de lo Penal del Supremo ya ha aplicado la ley al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.