Desahuciada una familia con dos menores en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz

Efectivos de la Ertzaintza han desplegado este viernes a mediodía un amplio operativo policial en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz con el objetivo de ejecutar el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años en la calle Nueva Fuera, número 28. El lanzamiento se produce tras la finalización de la moratoria de alquileres que mantenía paralizado el caso judicialmente, en un conflicto originado cuando el propietario rechazó recibir el pago de los gastos por transferencia bancaria a pesar de que la familia lleva 14 años abonando su renta. Ante la fecha fijada para el desalojo, los sindicatos de vivienda Auzoan Bizi y Gasteiz Txiki han movilizado al vecindario de la zona para intentar frenar la expulsión en la misma puerta del inmueble.

Finalmente se ha llevado a cabo el desahucio en torno a las 12.45 horas, a pesar de las trescientas personas allí citadas para su impedimento.

Fuerte presencia policial y desalojo del portal desde primera hora

El despliegue de las fuerzas de seguridad se ha dejado sentir con intensidad en el barrio histórico de la capital alavesa desde primeras horas de la mañana. La presencia de dotaciones de la Ertzaintza ha sido considerable en todo el entorno, procediendo a cortar por completo el tránsito en la calle Nueva Fuera para impedir el acceso directo al edificio afectado. De acuerdo con testimonios presenciales y las imágenes difundidas a través de vídeos de la plataforma Auzoan Bizi, los agentes policiales han intervenido en el interior del inmueble para desalojar a varios activistas que se habían introducido en el portal de la vivienda número 28 con la intención de bloquear la entrada de la comisión judicial.

Como consecuencia del cierre de la vía, decenas de vecinos, activistas y ciudadanos que han acudido al llamamiento de los colectivos sociales se han visto obligados a permanecer concentrados detrás del cordón policial establecido por los agentes. A pesar de no poder acercarse a la fachada de la casa, las personas congregadas mantienen la protesta en la zona acordonada, mostrando su respaldo a los residentes amenazados con perder su hogar.

Movilización ciudadana para exigir alternativas habitacionales

La respuesta social ante este lanzamiento judicial fue articulada a través de las redes sociales por Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y la asociación vecinal Gasteiz Txiki. Ambos colectivos lanzaron una alerta urgente a la ciudadanía advirtiendo de que "hoy ha llegado el día" en el que se pretende echar a esta familia de su casa en el Casco Viejo de la ciudad. En sus comunicados públicos, las plataformas sostienen estar "organizados y preparados para defender las casas de nuestros vecinos" frente a las intervenciones de expulsión inmobiliaria.

La estrategia trazada por las organizaciones antidesahucios persigue no solo frenar el desalojo en la propia puerta de acceso, sino abrir un nuevo escenario de mediación. Según explican los portavoces de las agrupaciones convocantes, el propósito principal de la movilización consiste en bloquear la ejecución del desahucio para, a continuación, retomar la negociación directa con la parte propietaria. Al mismo tiempo, los colectivos hacen un llamamiento formal a los servicios sociales de las instituciones públicas con el fin de exigir alternativas de vivienda urgentes y dignas que eviten que la familia y sus dos menores de edad queden desamparados en la calle.

Un conflicto iniciado por la forma de pago de los gastos

El origen de este proceso de expulsión se remonta a varios años atrás en la misma vivienda de la calle Nueva Fuera 28, donde la unidad familiar habita y paga el alquiler de forma continuada desde hace 14 años. Los problemas entre las partes se hicieron explícitos en el año 2021, fecha en la que los inquilinos solicitaron formalmente al arrendador la posibilidad de abonar los diversos gastos derivados del piso mediante transferencia bancaria. Con esta petición, la familia buscaba que todos los cobros y pagos quedaran fehacientemente registrados en entidades bancarias para mayor seguridad de ambas partes.

Sin embargo, el arrendador rehusó aceptar este método de abono bancario para la gestión de dichos gastos. La negativa de la propiedad derivó en un deterioro de la relación contractual que culminó el 17 de enero de 2022, cuando la familia recibió la notificación de la orden de desahucio emitida por los juzgados.

El fin de la moratoria deja a la familia sin protección judicial

A lo largo de los últimos dos años, el desenlace de esta orden judicial permaneció en suspenso debido a las herramientas legales de contención aprobadas en materia de arrendamientos. La aplicación de la moratoria de alquileres permitió que la audiencia oral prevista para el juicio de desahucio se pospusiera sucesivamente hasta fijarse como fecha límite el 31 de diciembre del año pasado.

No obstante, tras alcanzarse esa fecha y caducar la moratoria legal, la situación jurídica de la familia dio un giro desfavorable. Según denuncian desde las plataformas de apoyo al derecho a la vivienda, el fin de esta medida de protección social ha provocado que los residentes hayan quedado "desprotegidos judicialmente" frente al avance de los plazos de ejecución. Esta pérdida de cobertura legal ha permitido la programación definitiva del lanzamiento para este mediodía de viernes, desencadenando la intervención de la Ertzaintza y la movilización del vecindario en las calles del Casco Viejo de Vitoria.