Lasarte-Oria ordena el desalojo de un edificio público okupado por riesgo estructural

Actualizado hace 2 minutos

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha decretado el desalojo de un edificio público en desuso en el barrio de Oztaran tras detectar un incremento significativo de personas en su interior y constatar el riesgo estructural que presenta el inmueble. La decisión, adoptada con carácter preventivo, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas ante una situación que se ha agravado en los últimos días.

Según ha informado el Consistorio, el edificio dejó de funcionar como centro educativo en 2002 y pasó posteriormente a integrarse en la red de apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco como Berritzegune, función que desempeñó durante más de dos décadas. Sin embargo, hace algo más de un año, la administración autonómica decidió abandonar las instalaciones tras detectar problemas técnicos de carácter estructural. Informes especializados recomendaban entonces su desalojo por motivos de seguridad.

A pesar de ello, el proceso administrativo para la reversión del inmueble al Ayuntamiento no se ha completado hasta la fecha. Desde su desocupación, el edificio ha sido objeto de actos de vandalismo que han deteriorado aún más sus condiciones, agravando una situación ya comprometida desde el punto de vista estructural y de salubridad.

Hasta 25 okupas

En este contexto, en los últimos meses se había registrado la presencia puntual de dos o tres personas en el interior del inmueble. No obstante, esta situación ha experimentado un cambio notable en un corto periodo de tiempo: en apenas cinco días, el número de ocupantes ha aumentado hasta situarse entre 20 y 25 personas, lo que ha encendido las alertas municipales.

Ante este escenario, el Ayuntamiento solicitó autorización al Gobierno Vasco para intervenir y, una vez obtenida, ha procedido a dictar el correspondiente decreto de desalojo, que ya ha sido notificado a las personas que permanecen en el edificio.

Fuentes municipales insisten en que la actuación responde exclusivamente a criterios de seguridad, dada la situación estructural del inmueble y las condiciones existentes en su interior. En paralelo, se ha iniciado el procedimiento para el cierre efectivo del edificio, con el objetivo de evitar nuevos accesos y prevenir posibles riesgos para la integridad física de las personas.

Preocupación vecinal

El Consistorio ha mantenido asimismo contacto con vecinos de la zona durante los últimos meses, atendiendo sus inquietudes e informando de la evolución de la situación. En este sentido, subraya que la intervención responde a una responsabilidad institucional “ineludible” en materia de seguridad pública.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que la situación de las personas afectadas por el desalojo requiere una respuesta de carácter estructural y coordinada entre las distintas administraciones competentes, al tratarse de una problemática que trasciende el ámbito municipal.

Finalmente, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de todos los agentes implicados para actuar con rigor y prudencia ante un escenario complejo, en el que la prioridad debe situarse en la protección de las personas y la prevención de riesgos.