Las empresas de transporte escolar aseguran que no pueden obligarles a prestar el servicio sin resolverse los recursos

Los abogados de la treintena de empresas de transporte escolar que han decidido recurrir la orden del Gobierno vasco para la ejecución forzosa del transporte escolar en los centros públicos aseguran que "no pueden obligarles a prestar el servicio hasta que no se resuelvan los recursos administrativos" planteados.

Los letrados que defiende los intereses de las operadoras que han decidido recurrir la orden del Gobierno vasco, Miguel Ángel Zulaica y Guillermo Saiz, han ofrecido una rueda de prensa, este jueves en Gasteiz, en la que han explicado que, mientras no se resuelva sobre los recursos, la empresas "no tiene obligación" de prestar el servicio de autobús escolar.

Los letrados han defendido que la orden dictada el 1 de septiembre por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y publicada el 5 de septiembre en el BOPV es "radicalmente nula de pleno derecho e irregular", al "publicarla en el boletín sin notificarse previamente a las empresas sin ningún tipo de procedimiento ni dar audiencia al interesado".

Los abogados han manifestado "la falta de rigor y argumentación jurídica de la orden" y han recriminado "la dejación" que, a su juicio, ha realizado el Gobierno Vasco, quien podría haber licitado los nuevos contratos "en el mes de abril" y no dejar el asunto "para última hora".

"El hecho de publicar una orden 48 horas antes del inicio del curso escolar impide que haya habido un margen de organización para que una empresa puede ofrecer el servicio. Cuando hay una decisión de prórroga, la ley exige que se comunique dos meses antes y no dos días antes como han hecho. Es totalmente desproporcionado, incomprensible e ilegal", ha expuesto Saiz.

Los representantes jurídicos han augurado que más empresas se sumarán a presentar recursos en las próximas fechas y la problemática tendrá "mayor transcendencia que en la actualidad". En este sentido, han explicado que las firmas afectadas tienen de plazo hasta el 5 de octubre para presentar recurso administrativo ante el Ejecutivo Autonómico y hasta el 5 de noviembre para acudir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"El Gobierno vasco tiene de plazo un mes para responder a los recursos administrativos, pero si existe silencio administrativo, las empresas pueden presentar recurso judicial hasta 5 de noviembre", ha expuesto Zulaica, respecto a los plazos.

BILDARRATZ "NO CUMPLIÓ SU COMPROMISO"

Saiz ha negado que haya habido "diálogo" con las empresas de transporte escolar. "El pasado año, Bildarratz se comprometió personalmente, en una reunión, a analizar con el sector las circunstancias que rodean a la prestación del servicio del transporte escolar en la CAV, en tanto y cuanto la complejidad de dicho servicio. Desde entonces no se ha reunido ni con los operadores ni con sus asociaciones para hablar y participar en un concurso de los que pudiera ser viable, tanto a las circunstancias del servicio como a las de los operadores del sector", le ha recriminado.

Ante el "silencio" institucional, los abogados han declarado que fueron las propias operadoras quienes mandaron un burofax, tanto al lehendakari como al consejero de Educación en junio pasado, "para tratar el tema y que no volviera a ocurrir la misma situación de 2022".

"Los operadores han estado esperando la llamada del Gobierno vasco y no han tenido respuesta. Posteriormente, el 22 de agosto, se convoca una reunión y se traslada a los operadores el servicio de este año con condiciones concretas y ya entonces ponen sobre la mesa que, si no se aceptan, se va a ir a una ejecución forzosa", han añadido.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Saiz y Zulaica han manifestado que "no es una cuestión económica como ha trasladado el consejero de Educación", sino que "es un problema estructural que padece el sector no solo en Euskadi, sino en muchas comunidades autónomas".

Al respecto, han expuesto "las dificultades para encontrar chóferes de autobuses, a las que se suma la problemática de la inversión para adquirir y reponer los autobuses".

Además, han explicado que para "respetar los servicios de transporte escolar es necesario una autorización por parte de las Diputaciones de cada territorio", por lo que las empresas "no pueden prestar el servicio, ya que supone un riesgo legal" para las mismas.

Por otra parte, han esgrimido que las firmas del sector "no tienen información suficiente" para iniciar el servicio de transporte escolar este curso, puesto que "en la prórroga no se conocen los horarios, recorridos, el números de niños, las paradas o las rutas que deben hacer". "El Gobierno vasco no ha facilitado información sobre el servicio", han agregado.

En este sentido, han justificado que "los operadores no pueden invertir, si no saben qué servicio van a prestar. Hay cuestiones que hacen inviable el pliego por parte del sector".

Por último, han querido trasladar que sus representados "lamentan la situación que se ha dado hoy, pero defienden sus derechos ante lo que consideran un atropello".

"Las empresas a las que representamos son locales, autóctonas y pequeñas, que tienen un compromiso con la sociedad. No hablamos de ninguna multinacional ni grandes empresas que operen a nivel estatal", han concluido.