El documento acordado en el Consejo Interterritorial defiende la necesidad de promover de forma activa la vacunación, por lo que aquellos trabajadores de residencias de personas mayores que rechacen la vacuna o que no hayan completado su pauta deberán realizase pruebas de detección al menos dos veces por semana y se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo, al considerar que en situaciones de alta transmisión comunitaria "hay riesgo de que aparezcan casos si no se toman las debidas precauciones".
Se conoce ya la postura con la que acude a la reunión con el Gobierno Vasco la Diputación de Gipuzkoa, que apuesta por "la máxima prevención posible" en residencias. Aún así, la portavoz foral, Eider Mendoza, recuerda que la vacunación "no es obligatoria".
En lo que respecta a las visitas de familiares, en situaciones de alta transmisión comunitaria, se valorará hacer recomendaciones por parte de la autoridad competente sobre el régimen de visitas y salidas en los centros residenciales, y otras circunstancias como la ubicación, su supervisión o no, el número de visitantes, o la organización y duración de las salidas.
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