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Las defensas de los seis acusados de difundir el bulo del "caso Bar España" han solicitado la prescripción de los delitos en la primera sesión del juicio, celebrada este viernes en Castellón. El juez resolverá esta petición en la sentencia. Los procesados están acusados de delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias continuadas con publicidad por difundir informaciones falsas que, al menos desde 1998, atribuían a autoridades, funcionarios y particulares su participación en una organización de pederastia con base en un bar de Benicarló.
También será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil. Al terminar la sesión, uno de los acusados, que tenía un canal de YouTube, ha expresado su arrepentimiento y ha pedido disculpas, especialmente a las víctimas. Ha asegurado que desconocía el alcance que iban a tener sus actos.
Cuestiones previas y declaraciones aplazadas
La Fiscalía ha anunciado que modificará sus conclusiones provisionales al considerar continuados los delitos contra la integridad moral, a lo que se han opuesto las defensas. Estas también han cuestionado la legitimación del ministerio público para actuar por las injurias y calumnias contra particulares, una cuestión que el juez resolverá el martes.
La sesión ha comenzado con casi dos horas de retraso por problemas en la red de internet de Justicia. La declaración del acusado que debía intervenir este viernes se ha aplazado al martes, mientras que los demás declararán al final del juicio.
La participación de algunos procesados por videoconferencia ha suscitado críticas de la Fiscalía y otras partes. El juez ha reprendido dos veces a uno de ellos por desaparecer de la pantalla: según ha explicado, primero para evitar que se viera a un familiar y después porque estaba desayunando.
Más de treinta testigos
Está previsto que declaren más de treinta testigos, entre ellos el expresidente valenciano Francisco Camps, cuya comparecencia presencial ha reclamado sin éxito una defensa.
El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y otro testigo han solicitado no comparecer por enfermedad. El juez ha acordado que declaren por videoconferencia o justifiquen su imposibilidad de hacerlo. Uno de los abogados defensores ha sostenido ante los medios que la causa presenta defectos procesales y debería terminar sin continuar el juicio. También ha cuestionado que se soliciten penas de hasta 40 años de cárcel.