El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para aumentar los permisos gratuitos de emisión de CO₂ que reciben las industrias con un elevado consumo de energía, como las químicas, papeleras o fabricantes de vidrio, con el objetivo de reducir sus costes y evitar que trasladen su producción a países con normas medioambientales menos exigentes.
El pacto, cerrado este jueves, contempla una reserva de unos 121 millones de derechos de emisión sin coste para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, después de que una revisión de los criterios europeos de reparto redujera las cantidades previstas para determinadas empresas y generara críticas tanto del sector como de varios Estados miembro.
Estos permisos forman parte del régimen europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las compañías a disponer de un derecho por cada tonelada de CO₂ que emiten, aunque algunas reciben una parte gratuitamente para limitar el impacto económico de esta obligación frente a competidores de países con normas climáticas menos estrictas.
En concreto, la cantidad que corresponde a cada instalación depende de distintos criterios, entre ellos el consumo de calor y combustible necesario para su actividad, cuyos valores de referencia fueron revisados el pasado junio, lo que supuso una reducción de las asignaciones gratuitas previstas para los próximos años.
Ante esta situación, la Comisión Europea presentó en julio una propuesta para modificar el reparto, que el Consejo y la Eurocámara han acordado ahora ampliar con otros 28 millones de permisos que habían quedado sin asignar porque algunas instalaciones no cumplían determinados requisitos, como realizar auditorías de eficiencia energética o disponer de planes de neutralidad climática.
Estos se sumarán a los aproximadamente 88 millones de derechos ya contemplados en la propuesta inicial de Bruselas, mientras que otros cinco millones se reservarán para los sectores más expuestos al riesgo de deslocalización, conocido como "fuga de carbono", que se produce cuando las empresas trasladan su producción fuera de la UE para evitar los costes asociados a las normas europeas sobre emisiones.
En caso de que estos últimos permisos no lleguen a utilizarse, se destinarán a financiar proyectos a través de los fondos europeos de Modernización e Innovación, destinados a apoyar inversiones y nuevas tecnologías en los sectores afectados por el sistema.
La modificación se centra en las asignaciones gratuitas calculadas a partir del consumo de calor y combustible, un método empleado en procesos industriales para los que no existe una referencia específica por producto y que representa aproximadamente una cuarta parte de todos los derechos concedidos sin coste en el marco del ETS. El acuerdo todavía deberá recibir el visto bueno formal del Consejo y del Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva, tras lo cual la Comisión establecerá las normas necesarias para calcular las asignaciones que corresponderán a las instalaciones afectadas.