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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Calama indaga el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió en forma de rescate a la aerolínea durante la pandemia.
Instrucción
El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, que se están realizando en este momento. Los registros ordenados por el juez Calama se centran en hallar documentación mercantil, comunicaciones y posibles movimientos financieros vinculados a las sociedades bajo sospecha.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente español es imputado por la justicia. El juez Calama asumió la competencia sobre esta causa el pasado 3 de marzo después de que en 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, señalasen que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
Zapatero, en la 'comisión Koldo' del Senado a petición del PP.
Registros
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se encuentran registrano el despacho del expresidente Zapatero y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas. Fuentes próximas a la investigación han señalado que por orden del juez, la policía está practicando un total de cuatro registros, todos ellos en Madrid.
Se trata en concreto del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, muy próximo a la sede del PSOE; y las empresas 'What the fav' -agencia de publicidad, propiedad de sus dos hijas-, 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'. En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras. Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi.