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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez Juan Carlos Peinado el informe de conclusiones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez. La investigación, que se abrió hace más de dos años a raíz de una denuncia de Manos Limpias, da un vuelco tras el análisis policial. Según ha adelantado la Cadena SER, la Guardia Civil cuestiona abiertamente los indicios principales que el magistrado había reunido contra la esposa del presidente del Gobierno.
Sin indicios de delito económico
El documento remitido al juzgado concluye que la cátedra extraordinaria objeto de la investigación se creó siguiendo escrupulosamente los cauces establecidos por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, los agentes certifican que no se ha encontrado ningún tipo de pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos en las cuentas bancarias analizadas, incluidas las de la propia Gómez.
De hecho, los agentes revelan que la investigada tan solo facturó a la universidad un total de 17.000 euros en dos años. Una cifra que el propio informe de la UCO califica de "incompatible" con un enriquecimiento ilícito personal.
El informe policial también pone el foco en las gestiones con los patrocinadores de la cátedra. Los agentes confirman que la asesora asignada por Presidencia del Gobierno a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, colaboró en estas actividades y que ambas asumieron gestiones con los patrocinadores que, formalmente, deberían haber ejecutado los propios órganos de gestión de la universidad. Sin embargo, la Guardia Civil matiza que, tras analizar los casi 200 correos electrónicos que Álvarez remitió y que constan en la causa, ninguno de ellos guarda interés para la investigación penal.