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La renuncia de José Luis Ábalos como diputado no afectará al juicio que previsiblemente celebrará el Tribunal Supremo por los contratos de mascarillas, aunque sí tendrá consecuencias en la pieza relativa a los presuntos amaños en adjudicaciones públicas, que pasará a la Audiencia Nacional y en la que también se investiga al exdiputado Santos Cerdán.
El exministro de Transportes y exdirigente socialista, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, presentó este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, según informó en redes sociales. En un mensaje en X, explicó que, tras rechazar el Supremo su recurso y mantenerle en prisión provisional a la espera de juicio, decidió dejar el escaño tras siete legislaturas como diputado.
Pérdida de aforamiento y cambio de tribunal
Fuentes jurídicas han indicado a EFE que la defensa comunicará al Supremo la pérdida de aforamiento una vez que la Mesa del Congreso certifique su cese. Como consecuencia, el alto tribunal perderá la competencia para instruir la pieza separada por los presuntos amaños en obra pública, que pasará a la Audiencia Nacional, un órgano considerado menos ágil en la instrucción por la acumulación de causas en los juzgados centrales.
Competencia ya fijada para el juicio
Distinto es el caso de la pieza principal por las comisiones en los contratos de mascarillas, cuyo enjuiciamiento seguirá en el Tribunal Supremo porque la competencia quedó fijada con el auto de apertura de juicio oral dictado el 11 de diciembre por el magistrado Leopoldo Puente.
Un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 establece que, en causas con aforados, la competencia del tribunal queda definitivamente fijada con la apertura de juicio oral, aunque después se pierda el aforamiento.
Con todo, las fuentes no descartan que las defensas planteen también la pérdida de competencia en la audiencia preliminar prevista para el 12 de febrero, en la que se estudiarán las nulidades previas al juicio contra Ábalos y su exasesor Koldo García, cuyo inicio se baraja para abril.
Una estrategia planteada desde hace meses
Ábalos afronta desde prisión provisional la petición fiscal de 24 años de cárcel por el caso de las mascarillas, además de la inhabilitación para empleo o cargo público por delitos como cohecho o tráfico de influencias, lo que habría supuesto igualmente la pérdida del escaño. La renuncia llega meses después de que su primer abogado le recomendara dejar el acta como estrategia para trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional, donde los plazos se dilatan y existe la posibilidad de una doble instancia para revisar una eventual condena.