El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de devolución del PP y Vox al proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que ahora iniciará su tramitación en la Cámara.
Las dos enmiendas han sido rechazadas en una votación conjunta con los 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a los 170 del PP y Vox, a los que solo se han sumado UPN y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, ahora en el grupo mixto.
El PP y Vox, a los que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido que no bloqueen que los gobiernos autonómicos que sí están de acuerdo con la quita de parte de su deuda aprovechen esta medida, han argumentando que la ley solo mutualiza la deuda, no la condona, y favorece así a las comunidades más despilfarradoras, sin exigir a cambio ningún tipo de disciplina fiscal.
Los partidos independentistas catalanes han rechazado también las enmiendas de PP y Vox. ERC, en palabras de Teresa Jordà, ha negado que la condonación sea un "privilegio" para los catalanes, ya que Catalunya "sale ganando", pero también "beneficia a todos los territorios".
A su vez, Junts, por boca de su diputado Josep Maria Cruset, ha indicado que facilitará la tramitación de este proyecto de ley, pero ha avisado de que su intención es conseguir la condonación de la totalidad de la deuda catalana.
Desde el Grupo Mixto, Podemos ha pedido que esta condonación sirva para reforzar los servicios públicos y no para rebajar los impuestos a los más ricos; el BNG ha dicho que la deuda es consecuencia de la "mala gestión" del PP; Coalición Canaria, que la fórmula escogida "no es justa"; y la diputada de Compromís Águeda Micó, que esta es una oportunidad de "hacer justicia con la Comunidad Valenciana".
Rechazo a la senda de estabilidad
El pleno del Congreso ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad del Gobierno para 2027-2029, la misma que se votó la semana pasada y que ha obtenido idéntico resultado al votar en contra PP, Vox y Junts, lo que supone un revés político, pero no impide al Gobierno presentar los Presupuestos de 2027 después del verano.
La ley de estabilidad presupuestaria obligaba a esta segunda votación en la Cámara, aunque el Gobierno haya presentado la misma senda de la semana pasada, con unos objetivos de déficit del 1,8 % del PIB para 2027, del 1,6 % para 2028 y del 1,5 % para 2029, que ya están incluidos en el plan fiscal de medio plazo acordado con la Comisión Europea.
No obstante, el rechazo de los objetivos de déficit supone que las comunidades autónomas se quedan sin los 5.849 millones de margen fiscal que suponía contar con una décima de déficit (0,1 % del PIB) para cada uno de los próximos tres años. Al ser rechazada por la Cámara Baja, se vuelve a la senda original del plan fiscal que no incluye ese margen y que prevé el equilibrio fiscal para las autonomías.
Durante el segundo debate de este jueves el ministro de Hacienda, Arcadi España, le ha dicho al PP que "es legítimo discrepar políticamente del Gobierno", pero que resulta "difícil de comprender" que esa discrepancia "termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan". "Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por obtener más recursos y más estabilidad para el conjunto de nuestras administraciones", le decía el ministro al PP antes de la votación. El segundo rechazo del Congreso no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 en octubre tomando como referencia ese objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB que ya está acordado con Bruselas.