La nueva ley de vivienda busca agilizar la construcción y regular mejor el alquiler

Actualizado hace 10 minutos

El Parlamento Vasco aprobó hoy, con los votos de PNV y PSE, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, un texto que busca flexibilidad y acelerar los plazos para la construcción de vivienda, tanto libre como protegida, e impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas, además de implementar sanciones vinculadas a para propietarios que incumplan las obligaciones, en materia de alquiler, derivadas de esa declaración.

La Ley recoge, a grandes rasgos, la estrategia que adelantó el pasado mes de marzo el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en su anuncio público. Una línea de actuación basada en reducir plazos, agilizar normativas urbanísticas y reforzar la protección de los arrendatarios. El pleno respaldó el proyecto, presentada como una proposición de ley de los grupos que componen el Ejecutivo, con los 39 votos a favor que suman el PNV y el PSE, y el voto en contra de los 35 parlamentarios de Bildu, PP, Sumar y Vox, si bien en la votación de ciertos apartados del texto se registraron algunas abstenciones.

Uno de las grandes ejes de la nueva legislación es lo referente a la flexibilización de los criterios urbanísticos, de forma que se permitirá a los municipios que ajusten los porcentajes de vivienda libre y protegida en suelo urbanizable para garantizar la viabilidad de cada operación. En concreto, los ayuntamientos, tras acuerdo plenario, podrán rebajar de un 75% a un 60% la exigencia de VPO en las promociones. De esta forma se busca incentivar la rentabilidad en los proyectos de las constructoras para así estimular la edificación de obra nueva que actualmente pueda estar paralizada.

En cualquier caso, ese porcentaje del 60% deberá contar con un mínimo del 55% de vivienda de protección social y el restante 5% en vivienda de protección tasada. Además, en el caso de aplicarse el 10% de incremento de la edificabilidad urbanística que se permite en las actuaciones prioritarias, este aumento se destinará en su totalidad a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social; y el resto de ese incremento, para vivienda de protección tasada. En la misma línea de agilización de plazos, se activarán mecanismos con el objetivo de acelerar los trámites urbanísticos, como la emisión de informes y de las licencias de primera ocupación, para facilitar el desarrollo de vivienda protegida.

Por otra parte, se establecen medidas para flexibilizar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y en edificios existentes, y se recoge un régimen sancionador vinculado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. De esa forma, se contempla en este capítulo la posibilidad de localizar los alojamientos dotacionales en suelos que el plan urbanístico defina como de equipamiento, sin necesidad de modificar su calificación atendiendo a su carácter dotacional. Así, se permitirán los llamados ‘levantes’, que consisten en ampliaciones en altura en edificios protegidos para generar nuevas viviendas sin necesidad de construir. Asimismo se recoge la posibilidad de que el Ejecutivo y las administraciones públicas territoriales promuevan VPO en municipios rurales, así como en los municipios de población igual o inferior a 3.000 habitantes.

Por otra parte, se impulsa una “reserva estratégica” de suelo urbanizable con la cesión del 15% de los aprovechamientos libres de cargas en las promociones a las administraciones que promuevan la construcción de vivienda. Además, se prevé la suspensión de la presentación de las declaraciones responsables para las nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, una medida que -según se indica en el texto- “se ampara en el interés general de proteger el derecho a la vivienda”. En la exposición de motivos, la proposición de ley se constata que ante la actual “urgencia habitacional”, es necesario “agilizar la cesión de suelos de participación de la comunidad en las plusvalías a partir de un acuerdo de amplia base interinstitucional entre el Gobierno vasco y los ayuntamientos”.

La proposición de ley estima que la CAV dispone de suelo calificado con capacidad para albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, y que no se han movilizado por razones urbanísticas, económicas y ambientales. La ley pretende dar salida a los retos más prioritarios que se presentan en vivienda, en un contexto de fuerte subida de los precios en los últimos cinco años y un severo encarecimiento del mercado de alquiler. Con la construcción de obra nueva ralentizada también por la crisis de la inflación, el acceso a una vivienda se ha complicado para las capas más jóvenes de la sociedad, bloqueando su posibilidad de emancipación.