La muerte de Maricarmen aviva la lucha social por la vivienda

Actualizado hace 2 minutos

El último aliento de Maricarmen Abascal no se apagó en la intimidad de su hogar de toda la vida, sino en la cama de un hospital al que llegó en camilla directa desde su casa. Tenía 87 años y el pasado 23 de septiembre fue expulsada por la fuerza de la casa madrileña en la que había resistido durante más de siete décadas. El acuerdo para permitir su retorno llegó, pero lo hizo demasiado tarde. Su fallecimiento ha actuado como un fulminante definitivo sobre una herida social que sangra a diario, transformando la resignación en una ola de indignación y revuelta que apunta directamente a la línea de flotación de la política.

"Se lo debemos", repetían cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid, donde la acampada activa desde el 26 de septiembre se ha transformado en un improvisado y emotivo velatorio. Velas encendidas, poemas, fotografías de la anciana y flores cubrieron las inmediaciones del Congreso de los Diputados. El Sindicato de Inquilinas convocó una gran marcha silenciosa que recorrió la distancia entre Sol y el que fuera el hogar de Maricarmen. La consigna es unánime: impedir que exista una sola víctima más de la especulación inmobiliaria.

El acuerdo para que volviera a su casa "no llegó porque a los rentistas, a los especuladores, a los gobiernos o las instituciones les importara, sino por la presión de cientos de miles de personas que inundamos las calles", señalan en un comunicado.

También recuerdan las palabras de Maricarmen: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". "Eso vamos a hacer. La recordaremos cada día, en cada desahucio que paremos", le responden ahora. De hecho, a primera hora más de un centenar de activistas han logrado parar el desahucio de una familia, con tres menores de edad, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, al grito de "No toleramos ni un desahucio más" o "No son desahucios, son asesinatos". Al mismo tiempo, en Alicante, la justicia suspendía otro desalojo aplicando in extremis el nuevo decreto gubernamental.

La onda expansiva del trágico desenlace ha cohesionado las demandas de los colectivos de resistencia en todas las comunidades. En Barcelona, las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda han convocado una manifestación este viernes bajo un lema que no deja espacio a la metáfora: "Por Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!". Se recordará así también a Olga, la vecina de 54 años de L'Hospitalet de Llobregat que se quitó la vida el pasado 7 de septiembre tras perder su hogar.

El CIS retrata el colapso

La agitación en las calles coincide de manera milimétrica con la radiografía social publicada hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Barómetro de Vivienda 2026 arroja datos incontestables: el 86,9% de los españoles asegura que la situación de la vivienda le preocupa "mucho" o "bastante", y un demoledor 41,5% confiesa que este problema ya le ha perjudicado de manera directa a nivel personal.

La ciudadanía no solo identifica el colapso, sino que exige medidas drásticas que hasta hace poco se consideraban tabú en el debate macroeconómico. El 76,3% de los encuestados reclama que el Estado intervenga el mercado de la vivienda "tanto como sea necesario" para garantizar un techo a la población, y un abrumador 91,4% exige que las administraciones construyan urgentemente más vivienda pública. La vivienda como un derecho constitucional a priorizar es defendida por el 79% de los españoles, frente a un exiguo 13,5% que todavía la concibe puramente como un bien de mercado.

Medidas de choque bajo el respaldo de la mayoría

El estudio del CIS, elaborado sobre más de 6.000 entrevistas, detalla un apoyo masivo a la intervención regulatoria directa. La asfixia económica es especialmente cruda para quienes viven en régimen de arrendamiento. Los inquilinos destinan una media mensual de 629 euros al pago de su hogar —cifra que se dispara notablemente en las grandes capitales, donde el 13,1% de los residentes en municipios de más de 500.000 habitantes asume facturas de entre 1.000 y 1.500 euros al mes—. Casi un tercio de ellos (32,7%) denuncia estar pagando tarifas muy por encima de lo que dicta el mercado real.

La crisis habitacional ya no es solo un conflicto de orden social o económico; es el eje que está reconfigurando el mapa político español. Cabe recordar que el desahucio de Maricarmen provocó la caída parlamentaria de dos reales decretos de urgencia y motivó que el presidente espñol, Pedro Sánchez, tomara la determinación de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

La calle, sin embargo, ya no confía en promesas de campaña. Las acampadas se multiplican y la indignación civil ha encontrado en el rostro cansado de Maricarmen su batalla. El mensaje que la anciana trasladó a los activistas antes de fallecer resuena ahora con fuerza de consigna: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".