La Justicia francesa decide este martes el futuro político de Marine Le Pen

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La justicia francesa toma este martes una decisión clave para el futuro político de Marine Le Pen, con la sentencia que dictará el Tribunal de Apelación de París sobre el caso de los asistentes en la Eurocámara del Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN), en el que la líder ultraderechista fue condenada en primera instancia por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo.

La resolución determinará si Le Pen mantiene sus opciones de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 o queda apartada de su cuarta carrera al Elíseo, lo que abriría la vía a Jordan Bardella, presidente del RN.

2015-2016: El inicio de la investigación y reclamación de fondos

El caso comenzó en marzo de 2015, cuando la Eurocámara alertó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre posibles irregularidades en la contratación de asistentes parlamentarios del Frente Nacional. Veinte asistentes financiados con fondos europeos fueron señalados por sospechas de trabajar para el partido en lugar de ejercer funciones vinculadas al Parlamento Europeo. Paralelamente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar.

En 2016, la OLAF entregó su informe y el Parlamento Europeo inició procedimientos de recuperación de fondos. A Marine Le Pen se le reclamaron cerca de 340.000 euros correspondientes a dos asistentes parlamentarios: Catherine Griset y Thierry Légier, una cantidad que la dirigente terminó devolviendo en 2023. En total, las instituciones europeas reclamaron alrededor de 1,1 millones de euros a varios eurodiputados del FN, entre ellos el patriarca Jean-Marie Le Pen y su lugarteniente Bruno Gollnisch. La investigación judicial se amplió por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

2017-2019: Imputaciones y embargo de fondos al partido

En 2017 comenzaron las primeras imputaciones contra asistentes parlamentarios vinculados al FN. Ese mismo año, el exeurodiputado Aymeric Chauprade afirmó que Marine Le Pen había pedido a los nuevos representantes europeos del partido delegar en ella la contratación de asistentes, acusación que la dirigente negó. Entre finales de 2017 y 2018, Marine Le Pen, el FN y varios dirigentes del partido, entre ellos Louis Aliot (su pareja durante una década), fueron imputados por abuso de confianza o complicidad, una calificación que posteriormente pasó a ser la de malversación de fondos públicos.

En junio de 2018, los jueces ordenaron el embargo de dos millones de euros en subvenciones públicas destinadas al partido, que acababa de cambiar su nombre de Frente Nacional a Agrupación Nacional. La formación denunció una maniobra política y recurrió la decisión. La justicia consideró entonces que existían indicios de un sistema organizado para utilizar fondos europeos en beneficio del partido. Posteriormente, el embargo fue reducido a un millón de euros. En 2019 se incorporaron al procedimiento nuevos imputados, entre ellos Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen, y Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.

2022-2025: Cierre de la instrucción, juicio y condena en primera instancia

La investigación terminó en 2022. En deciembre de 2023, los jueces financieros ordenaron enviar a juicio a Marine Le Pen, al RN y a otras 25 personas. El proceso se celebró entre septiembre y noviembre de 2024 ante el Tribunal Correccional de París. Jean-Marie Le Pen no fue juzgado por razones médicas y falleció en enero de 2025.

El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Correccional de París concluyó que existió un "sistema" destinado a pagar con fondos europeos a empleados que trabajaban para el partido. El perjuicio económico fue evaluado en unos 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades consideradas indebidamente abonadas y posteriormente reembolsadas.

Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión (dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento con pulsera electrónica), una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata. La sentencia supuso un terremoto político, ya que la apartaba provisionalmente de una nueva candidatura presidencial. Le Pen recurrió la decisión junto al RN y otros once condenados, entre ellos Louis Aliot, Nicolas Bay y Bruno Gollnisch.

El juicio en apelación se celebró entre enero y febrero de 2026 ante el Tribunal de Apelación de París. Durante el proceso, Marine Le Pen negó haber cometido delito alguno y defendió la legalidad de las contrataciones, aunque admitió posibles errores de gestión e insistió en que actuó de buena fe. La Fiscalía solicitó mantener una pena de cinco años de inhabilitación, además de cuatro años de prisión —tres de ellos con suspensión—, una multa de 100.000 euros y la posibilidad de cumplir la parte firme con pulsera electrónica.