La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que instruye la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz -ocurrido el pasado 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas-, ha acordado unificar la representación y defensa de las acusaciones populares bajo la dirección de Vox, al ser la primera formación en personarse en el procedimiento.
Según recoge el auto dictado por la magistrada, se mantienen todas las entidades personadas en su condición de acusaciones populares, sin que la resolución suponga su exclusión, desistimiento o pérdida de legitimación procesal. De este modo, las partes agrupadas conservarán el acceso a las actuaciones y el conocimiento de las resoluciones que se dicten, canalizando su intervención procesal a través de una representación y dirección letrada comunes.
En virtud de esta resolución, Vox encabezará la representación letrada de la Asociación HazteOir.org, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctimas de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.
Oposición de Vox, Víctimas de los Políticos y Semaf
Respecto a la medida, Vox se opuso a la unificación al alegar la falta de presupuestos exigidos para imponerla de forma automática, así como la ausencia de motivación. Asimismo, la formación defendió que la acción popular constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 125 de la Constitución, lo que exige ponderar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. En su escrito, sostuvo además que no existe riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, rechazando la convergencia de intereses y argumentando la incompatibilidad entre las distintas acusaciones.
Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opuso igualmente a la medida por considerarla improcedente si se aplica de forma automática. A su juicio, la unificación es una facultad excepcional que requiere motivación judicial y la concurrencia de una identidad sustancial de intereses sin conflicto material. La entidad argumentó la existencia de posiciones procesales diferenciadas y estrategias diversas, advirtiendo de que una defensa única impone una restricción al derecho de acción al supeditar su línea letrada a decisiones ajenas.
En el mismo sentido, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) rechazó la unificación por considerar que la resolución carece de la motivación suficiente y toma como único fundamento el número de acusaciones personadas. El sindicato alegó una vulneración de los principios de proporcionalidad y una falta de ponderación de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, los cuales, según expuso, ostentan un rango superior a la economía procesal.
A su vez, Semaf se opuso a la aplicación automática de la medida invocando su especial cualificación y conocimiento técnico en beneficio de la instrucción. Asimismo, alegó la presencia de intereses específicos vinculados a la seguridad laboral y a la protección de los trabajadores ferroviarios, al considerar que los hechos podrían tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores, ejercitando la acción no solo en defensa de la justicia sino también para satisfacer los intereses colectivos del colectivo de conducción.
Posición de las víctimas y de la Fiscalía
Por otro lado, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz alegó la ausencia de presupuestos materiales para la acumulación y sostuvo que la medida genera indefensión y lesiona sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva. La entidad remarcó que los fines de las acusaciones son divergentes y calificó de discriminatorio el criterio de prioridad temporal. En este sentido, subrayó que sus objetivos se centran en la defensa de las víctimas y en la búsqueda de la verdad, a diferencia de otras acusaciones que responden a motivaciones ajenas a los afectados.
Por su parte, el Ministerio Fiscal se mostró a favor de unificar las acusaciones populares bajo una misma representación al estimar cumplidos los requisitos legales. La Fiscalía sostuvo que el elevado número de personaciones afecta al buen orden del procedimiento y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, existiendo a su juicio identidad de intereses. Asimismo, solicitó que la unificación se aplique dando prioridad a la primera de las personaciones registradas, atendiendo al criterio objetivo fijado por el Tribunal Supremo. Ante la falta de acuerdo entre las acusaciones populares para designar una representación común y contando con el informe favorable del Ministerio Fiscal, la magistrada ha determinado que la representación procesal y dirección letrada de Vox asuma la defensa conjunta de las entidades agrupadas en función de la fecha de presentación de sus escritos de personación.