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La islamofobia motivó el 80% de las investigaciones por discursos de odio en Barcelona en 2025 y desplazó a la homofobia como principal causa de los delitos de incitación a la discriminación. Los datos provisionales de 2026 apuntan a que esta tendencia sigue al alza, según ha explicado la fiscal coordinadora del área de Delitos de Odio de Barcelona, Marta Gloria López.
En un encuentro con la prensa, López ha atribuido este incremento a la creciente "tensión social", que ha favorecido la proliferación de discursos discriminatorios. La fiscal ha señalado que algunas expresiones pueden estar amparadas por la libertad de expresión, mientras que otras constituyen delito cuando suponen un "llamamiento directo a realizar acciones" contra un colectivo.
La memoria de actividad de la Fiscalía de 2025 recoge un aumento de la islamofobia tanto en los discursos de incitación al odio como en otros delitos con motivación discriminatoria, entre ellos las agresiones. Es la primera memoria que incorpora una categoría específica para esta discriminación, antes incluida en los apartados de racismo, xenofobia o intolerancia religiosa.
Mensajes difundidos en internet
El 99% de los mensajes investigados se difunde a través de internet. Entre sus autores figuran personas anónimas que publican desde sus casas, aunque también son habituales los investigados con una posición relevante en un grupo político o una comunidad religiosa. Para valorar el carácter delictivo de estas publicaciones, la Fiscalía examina, entre otros elementos, la reiteración de los mensajes y su capacidad de repercusión.
En paralelo, el ministerio público ha detectado un repunte del antisemitismo en los casos de denegación de servicios, relativos a empresas o profesionales que rechazan clientes por motivos discriminatorios. También ha observado un incremento de la xenofobia y una disminución de la LGTB-fobia, que en años anteriores motivaba la mayoría de los delitos de odio.
Por el contrario, no consta ninguna denuncia por aporofobia, la discriminación contra las personas pobres. La Fiscalía señala las dificultades para investigar estos casos, ya que las víctimas suelen carecer de un domicilio conocido, lo que complica su citación para los procedimientos judiciales.