La Fiscalía retira la acusación contra Vergés por la vacunación de policías durante la pandemia en Catalunya

Actualizado hace 8 minutos

La Fiscalía ha retirado este lunes la acusación contra la exconsellera catalana de Salud, Alba Vergés, y tres ex altos cargos de su departamento por el presunto retraso en la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia de la covid en Catalunya. El Ministerio Público solicitaba inicialmente para los acusados 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El anuncio se ha producido durante la sesión celebrada este lunes en la Audiencia de Barcelona, donde se juzga la gestión de la campaña de vacunación. La Fiscalía ha comunicado la retirada de la acusación sin explicar los motivos de este cambio de criterio.

La acusación continúa

Pese a la decisión de la Fiscalía, el procedimiento seguirá adelante porque el sindicato policial Jupol y la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil mantienen su acusación y reclaman 15 años de inhabilitación para Vergés y el resto de procesados. Por su parte, el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) han rebajado su petición a 12 años para la exconsellera y otros tres ex altos cargos y han retirado la acusación contra el entonces responsable de Servicios, Francesc Xavier Rodríguez.

Las defensas, por su parte, han solicitado que se impongan las costas a los sindicatos policiales que han ejercido la acusación tras la retirada del Ministerio Público.

La defensa atribuye el retraso a problemas organizativos

Durante el juicio, iniciado el pasado 30 de junio, Vergés y los antiguos responsables del departamento de Salut han negado haber discriminado a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Han atribuido el retraso en la inmunización a problemas con los censos de efectivos, al procedimiento específico solicitado por ambos cuerpos para recibir las vacunas y a la suspensión temporal del uso de AstraZeneca acordada por el Ministerio de Sanidad.

En su declaración del pasado viernes, la exconsellera aseguró que nunca dio la orden de paralizar la vacunación de los agentes y defendió que la Generalitat actuó siguiendo los criterios fijados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compatibilizando la vacunación de los colectivos esenciales con la priorización por edad cuando existía escasez de dosis.

En la misma línea, el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, sostuvo que priorizar la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años fue una decisión "clínica, epidemiológica y éticamente" correcta. Además, los mandos de ambos cuerpos que coordinaron la campaña de vacunación en Catalunya declararon durante el juicio que la relación con la Generalitat fue "fluida" y que existió voluntad de resolver las incidencias surgidas durante el proceso.