La Fiscalía General del Estado detectó como "principal factor de frustración de expulsiones" judiciales a migrantes en 2025 su falta de documentación y la "limitada colaboración consular" de los países de origen y cita como ejemplo de ello la posición "extremadamente restrictiva" de Marruecos y Argelia.
Así lo recoge el Ministerio Público en su memoria, publicada este jueves y relativa al año 2025, en la que explica que Marruecos solo acepta las repatriaciones si la persona extranjera tiene su pasaporte original en vigor, "documento que muchos penados ocultan deliberadamente". Argelia, por su parte, "prácticamente no documenta expulsiones", hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera "materialmente inviable".
La memoria pone de manifiesto que "la ejecución efectiva de las expulsiones" judiciales se ve obstaculizada por otros problemas como el colapso de los órganos judiciales o la no localización del investigado o condenado, lo que compromete la eficacia de este instrumento legal.
Los datos recabados a lo largo del año pasado muestran un aumento del 19,2 % del número de peticiones, por parte de Fiscalía, de la sustitución de la pena de cárcel superior a un año por la expulsión del condenado de España, aunque esta medida solo se solicita cuando existe "una ausencia total de arraigo", precisa la memoria.
Y como "fenómeno emergente" recoge un incremento de las peticiones voluntarias de expulsión por parte del condenado -especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña- incluso cuando la sentencia no lo preveía inicialmente, una situación que ha generado una consulta a la Fiscalía General del Estado, que estudia actualmente su viabilidad.
Durante el año 2025, las fiscalías provinciales han tramitado 2.510 informes de internamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Crisis migratoria en Ceuta: miles de inmigrantes llegan a nado a la ciudad autónoma
Esta cifra refleja, según el Ministerio Público, que se trata de una práctica "prudente y motivada" y, en la misma línea, se aprecia un "mayor filtro" en las resoluciones judiciales al evaluar circunstancias como el arraigo, lo que ha llevado a más denegaciones de internamiento.
La memoria describe problemas detectados durante sus visitas a los CIE, algunos de ellos con problemas estructurales de saturación, y llama la atención sobre la dificultad de detectar posibles víctimas de seres humanos por la corta duración de las estancias, "la desconfianza de las víctimas" y la falta de condiciones para hacer las entrevistas.
Travesías "extremadamente peligrosas" hacia Canarias
En su apartado sobre los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, la Fiscalía alerta sobre la aparición de travesías "extremadamente peligrosas" en Canarias, donde los patrones ejercen violencia física contra los migrantes con armas blancas o los atemorizan durante más de 10.000 kilómetros.
Además, diversas fiscalías territoriales advierten del aumento de personas que se sitúan en las inmediaciones de los centros de estancia de migrantes o zonas portuarias para "explotar la vulnerabilidad de los recién llegados", ofreciéndoles transporte o gestiones administrativas a precios abusivos.
La memoria también recoge su trabajo en el ámbito de la trata de seres humanos y, aunque la mayoritaria sigue siendo con fines de explotación sexual y afecta sobre todo a mujeres, se observa un crecimiento de la trata laboral, sobre todo en el sector agrícola, con "un número elevadísimo de víctimas". Una modalidad muy difícil de perseguir, relata la Fiscalía, por la vulnerabilidad de las víctimas debido a su "imperiosa necesidad de trabajar" y su situación irregular y la "deficiente tipificación penal" de estos delitos, lo que genera "gran inseguridad jurídica y confusión" entre los investigadores.