La Fiscalía de Perú investiga un presunta venta irregular de entradas de Machu Picchu

La Fiscalía de Perú efectuó este miércoles diligencias en las oficinas de la Dirección de Cultura de Cuzco para recabar información sobre una presunta venta irregular de entradas para la ciudadela inca de Machu Picchu.

"El Ministerio Público informa que el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cuzco realiza diligencias previas en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cuzco", informó la Fiscalía en la red social X.

Detalló que la intervención, en la que también participaron agentes de la Policía Anticorrupción de Cuzco, pretende "recabar información sobre el presunto uso de máquinas, ambientes y personal de dicha entidad para la venta de boletos turísticos de ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu".

La investigación llega días después de que la jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, Ana Peña, anunciara en una rueda de prensa que hay un desequilibrio económico de 8 millones de soles (1,9 millones de euros) en las cuentas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cuzco.

"Tenemos un primer reporte de que hay una inconsistencia de 8 millones de soles. Esto no podemos permitir. Tenemos que identificar por qué no cuadran las cuentas y que (eso) nos permita dar con una verdadera auditoría", explicó Peña.

Hace meses, el Ministerio de Cultura impulsó una nueva página web gestionada por la empresa privada Joinnus en la que se venden las entradas de varios monumentos del país, en la que también era posible adquirirlas para Machu Picchu desde el pasado 20 de enero.

Aunque el Gobierno señaló que la web anterior daba lugar a un mercado negro de entradas, el cambio de modelo ocasionó la protesta y posterior paralización del acceso al lugar arqueológico por la protesta de habitantes y pequeños operadores turísticos de la zona.

Este miércoles, los pobladores del distrito de Machu Picchu levantaron el bloqueo que mantenía cerrado el acceso al monumento después de llegar un acuerdo con el Gobierno, que accedió a finalizar el contrato con la empresa privada encargada de gestionar la venta de entradas de la ciudadela inca.