La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá el auto que implica a Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto del juez Manuel García Castellón que dirige la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.

Fuentes fiscales han informado a EFE de esta decisión, que se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.

De hecho, las fuentes consultadas han añadido que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.

Por ello, la Fiscalía recurrirá en apelación el auto en el que García Castellón cita como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.

"Actos de terrorismo"

El juez considera que las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlas como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.

A su juicio, buscaban "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Según el magistrado, los informes policiales han revelado que Tsunami fue fruto de una planificación de diferentes personas para ejecutar acciones de gran envergadura, "capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".

Entre esas actuaciones, el juez cita el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el intento de bloqueo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; y cree también que Tsunami "trató de influir" en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Estos hechos, según el juez, podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlos como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.

El "rol de liderazgo" de Puigdemont

El juez cree que Puigdemont tuvo un "rol de liderazgo" en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está "acreditado indiciariamente" que el expresidente catalán acudió "a las reuniones que se celebraron en Ginebra" el 29 y 31 de agosto de 2019, donde "pudo haberse planificado la actuación" de la plataforma.

Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluís Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las "decisiones y dudas" que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.

El magistrado ha dictado este auto apenas unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Marta Rovira en la coordinación de Tsunami Democràtic, y que vinculaba a otras ocho personas con este movimiento, ahora imputadas.

Entre ellas figura Oriol Soler, empresario próximo al independentismo; el exconseller de ERC Xavier Vendrell -ambos integrantes del "estado mayor" que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-; el historiador Josep Lluís Alay; el consejero de Omnium Oleguer Serra o los empresarios Marta Molina y Josep Campmajó, entre otros.