La Diputación Permanente del Congreso ha permitido al Gobierno salvar uno de los dos decretos leyes de vivienda que había llevado este jueves a la Cámara. El órgano ha convalidado el paquete de medidas destinado a ampliar el acceso a la vivienda y combatir la especulación, pero ha rechazado la propuesta para establecer la renovación automática de los contratos de alquiler. La votación ha evidenciado una mayoría diferente a la que se había configurado en el Pleno, con el respaldo del PNV a uno de los textos y su rechazo al otro.
El primer decreto ha salido adelante por 35 votos a favor, correspondientes al PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 en contra del PP, Vox y Junts. En cambio, la iniciativa que pretendía prolongar automáticamente los contratos de alquiler ha sido rechazada por 35 votos contrarios, al sumarse el PNV al bloque de la derecha y Junts, frente a los 34 apoyos de las formaciones de izquierda.
El decreto aprobado contempla la prohibición de los desahucios de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional hasta 2030 y establece una prórroga automática de los contratos de alquiler durante todo 2028. También incorpora el mecanismo 'Tu Casa', gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contará con una dotación de 10.000 millones de euros y permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de una primera vivienda.
A estas medidas se suma un fondo de impacto social de 400 millones para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. El texto también endurece las condiciones para las compras especulativas por parte de los denominados fondos buitre, ampliando su definición y limitando las excepciones contempladas en la normativa anterior.
El decreto que no ha conseguido el respaldo de la Cámara planteaba que, una vez transcurridos los cinco primeros años de contrato —siete cuando el propietario fuera una persona jurídica—, el alquiler se prorrogase automáticamente durante otros cinco años, siete en el caso de que el arrendador fuese una empresa. Si el propietario quería poner fin al contrato, debía indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a una anualidad de renta.
El debate se ha celebrado en vísperas del comienzo de la campaña electoral del 29 de noviembre y un día después de la huelga general por la vivienda, en una sesión marcada por los reproches entre las formaciones políticas.
Rodríguez llama a movilizarse el 29N
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aprovechado su intervención para reclamar la movilización electoral de quienes defienden el derecho a la vivienda. "El derecho de la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas el 29 de noviembre", ha afirmado. La titular del departamento ha reconocido el papel de las organizaciones convocantes de la protesta y ha censurado a quienes, a su juicio, atacaron el derecho a la huelga e insultaron a los sindicatos por ejercerlo.
Rodríguez ha situado la vivienda en el centro de la confrontación electoral y ha advertido de que un eventual Gobierno de PP y Vox supondría una "profunda involución democrática" en esta materia. A su juicio, se recuperaría el modelo de 1996, basado en "el pelotazo y la desprotección ciudadana". La ministra ha acusado a ambas formaciones de defender las "fórmulas de siempre" y un modelo que permite que los pisos protegidos terminen en manos de fondos buitre y que los propietarios puedan incrementar los alquileres un 30 %. También ha sostenido que las medidas del Ejecutivo benefician a ciudadanos que votan a la derecha y a la ultraderecha.
El PNV apoya un decreto y tumba el otro
Por su parte, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha explicado el respaldo de su formación al primer decreto pese a reconocer que no se trata del texto que los jeltzales habrían aprobado. "No es el decreto que hubiéramos aprobado, pero arregla el desaguisado de la ley de vivienda", ha señalado. Vaquero ha defendido las medidas de protección frente a los desahucios de familias vulnerables y la regulación del alquiler de temporada, pero ha marcado distancias con la prórroga automática de los contratos planteada en el segundo texto, que, en su opinión, "generaría mayor inseguridad" y provocaría una reducción de la oferta de alquiler.
La representante jeltzale ha reclamado además que se evite legislar "en caliente" y ha criticado que los grupos estén más preocupados por el "electoralismo" que por alcanzar soluciones. Aunque ha reconocido que las demandas sociales requieren respuestas normativas, ha defendido que la responsabilidad de los representantes públicos es legislar adecuadamente. "Regular sí, pero construir también", ha concluido, al advertir de que las medidas aprobadas no serán suficientes si no se incrementa la construcción de vivienda.
Más reacciones
Desde el PP, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha acusado al Ejecutivo de "instrumentalizar" la Diputación Permanente para sacar adelante decretos en plena campaña electoral. Ha considerado una "irresponsabilidad absoluta" que el Gobierno recurra a este órgano, cuya composición permite una mayoría distinta a la del Pleno, para recuperar iniciativas que ya fueron rechazadas a principios de octubre. Muñoz ha cuestionado asimismo que se utilice la figura del decreto ley, reservada para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, cuando las Cortes están disueltas y faltan apenas dos semanas para las elecciones. La dirigente popular ha advertido de que las medidas generarán "más inseguridad jurídica" y reducirán todavía más la oferta de viviendas en alquiler.
También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado contra PP, Vox y Junts por su oposición a las iniciativas. Les ha acusado de impedir que cinco millones de inquilinos puedan ahorrar 4.341 euros al año y de defender los intereses de "la patronal, los fondos buitres y los bancos".
En la misma línea, la diputada de Sumar Teslem Andala ha definido la votación como una oportunidad para celebrar un "referéndum a la vivienda", en respuesta a las reivindicaciones expresadas en la calle. Aunque ha admitido que las medidas son insuficientes, ha asegurado que su formación continuará trabajando para reconocer el poder de los sindicatos.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha considerado que el decreto se queda corto y ha reclamado ir más allá hasta "prohibir todos los desahucios". Belarra ha vinculado la iniciativa con la huelga general del día anterior, que ha calificado de movilización levantada por los trabajadores y los colectivos convocantes. Además, ha ironizado sobre la coincidencia de la votación con el inicio de la campaña electoral, que ha atribuido a la "pura casualidad".
Desde Compromís, Alberto Ibáñez ha sostenido que votar contra el decreto destinado a frenar la especulación supone también oponerse a que se pueda imputar el IVA a los pisos turísticos.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado más impuestos para quienes acumulan viviendas como negocio y ha defendido que el acceso a un hogar debe entenderse como un derecho básico, al mismo nivel que el agua, la alimentación o la respiración. Asimismo, ha acusado a Junts de oponerse a las medidas por los intereses inmobiliarios de dos de sus diputados.
EH Bildu, por medio de Oskar Matute, ha defendido la renovación automática de los alquileres al considerar que ofrece "estabilidad y seguridad" tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios que no buscan hacer negocio cada cinco años.
Por parte de Vox, José María Figaredo ha responsabilizado al Gobierno de la escasez de vivienda y de haber favorecido el enriquecimiento de los fondos buitre. El diputado ha atribuido parte del problema a la llegada de cerca de seis millones de personas en los últimos cinco años, en referencia a la inmigración.
Finalmente, Josep María Cruset, de Junts, ha acusado al Ejecutivo de utilizar el problema de la vivienda como "instrumento electoral" y ha defendido que la solución no pasa por enfrentar a las personas vulnerables con los pequeños propietarios.