La semana política sigue monopolizada por la crisis migratoria de Ceuta tras la difusión de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de inteligencia desclasificados, y después de la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.
La desclasificación y publicación de 40 documentos sobre la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio ha desatado una tormenta política con cruce de acusaciones sobre si se ignoraron las alertas, a la que se unió el pasado viernes la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras insistir en que sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.
El lunes dará a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) su barómetro de septiembre, que permitirá pulsar, un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, el impacto de este episodio en la opinión pública española.
Presión parlamentaria
Todo ello estará muy presente en las dos sesiones plenarias que celebra el Parlamento esta semana, donde la presión parlamentaria es total después de que el Senado -donde el PP tiene mayoría- reprobara a cinco ministros por la gestión de esta crisis.
En la sesión de control al Ejecutivo del miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a someterse a preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP), Miriam Nogueras (Junts) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) en las que estarán presentes Ceuta, la polémica por los papeles del CNI y el futuro de la legislatura, pero también la respuesta del Gobierno marroquí en la que rechazaba ser "chivo expiatorio" en los "ajustes de cuentas políticos" en España.
Entre los debates que acometerá el Congreso destaca el jueves la convalidación del decreto ley que aprobó el Gobierno para regular las actividades de los grupos de interés o lobbies, ante la paralización de la ley que el Congreso tramitaba sobre este mismo asunto.
Ley de nietos
La semana estará marcada además por la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
La JEC se reunirá este lunes para estudiar el requerimiento del Supremo para que pida a la Oficina de Censo Electoral, competente para supervisar el proceso de elaboración del censo, un informe que desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley de nietos, y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción aprobada posteriormente, así como otros dos informes, uno de ellos sobre los criterios para la determinación del municipio de inscripción electoral.