La CPI confirma su jurisdicción y rechaza liberar a Duterte

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La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado este miércoles su competencia para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Duterte. Con esta decisión, el tribunal desestima íntegramente el recurso de la defensa y pone fin a ocho años de maniobras legales destinadas a evadir los cargos por crímenes de lesa humanidad.

Duterte, de 81 años, permanece bajo custodia en La Haya tras su detención en Manila en marzo de 2025. El fallo no solo ratifica la jurisdicción del tribunal, sino que rechaza su petición de libertad "inmediata e incondicional", citando riesgos de fuga y de obstrucción del proceso.

El núcleo de la disputa legal residía en la salida de Filipinas de la CPI en 2018. Duterte argumentaba que, al no ser ya el país un Estado miembro, el tribunal carecía de autoridad. Sin embargo, la Sala ha aplicado una lectura "sistemática" del Estatuto de Roma: la retirada no borra las responsabilidades por crímenes cometidos mientras el tratado estaba vigente.

Las investigaciones abarcan un periodo sangriento entre 2011 y 2019, que incluye tanto su presidencia como sus años como alcalde de Davao. La Fiscalía sostiene que la "guerra contra las drogas" no fue una política de seguridad, sino un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Las cifras son escalofriantes: mientras el Gobierno reconoce unas 6.000 muertes, diversas ONG y la propia Fiscalía elevan el número de ejecuciones extrajudiciales hasta las 30.000.

"Permitir que un Estado eluda sus responsabilidades retirándose del Estatuto una vez iniciadas las investigaciones sería incompatible con el objetivo de evitar la impunidad", sentenciaron los magistrados.

La esperanza de las víctimas

Para las familias de las víctimas, agrupadas en asociaciones como Rise Up, el veredicto de hoy es el único bálsamo tras años de duelo y miedo. "Quedaríamos destrozados si el proceso se detuviera", afirmaba Rebecca Lawson, representante de los familiares, poco antes de conocerse la decisión. Para ellos, no se trata solo de política, sino de los rostros detrás de los cargos: el actual pliego acusatorio formaliza tres cargos de asesinato y tentativa basados en incidentes representativos con 76 víctimas mortales.

Duterte ha optado por la ausencia. Alegando un deterioro de su salud —extremo desmentido por un panel médico independiente—, el exmandatario ha renunciado a comparecer personalmente o por videoconferencia. Mientras, sus abogados mantienen que no existió una política estatal de exterminio, sino una lucha legítima contra el narcotráfico.

La detención de Duterte en marzo de 2025 en el aeropuerto de Manila, tras regresar de Hong Kong, marcó un hito: era el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación. El actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha mantenido una postura ambivalente, señalando que solo cooperaría si el propio Duterte permitía ser investigado, una condición que la realidad de los hechos ha terminado por sobrepasar.

Con la confirmación de la jurisdicción, el camino hacia el juicio oral queda despejado. La Haya se prepara ahora para un proceso histórico que pondrá a prueba la capacidad de la justicia transnacional para alcanzar a quienes, desde el poder absoluto, creyeron estar por encima de la ley. El "Castigador" de Filipinas se enfrenta, finalmente, a su juicio.