La Audiencia Nacional rechaza suspender el impuesto a la banca y las energéticas

La Audiencia Nacional ha decidido rechazar la suspensión cautelar de los gravámenes temporales a la banca y las empresas energéticas aprobados recientemente por el Gobierno español. Horas antes, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, mostraba su interés por que no prosperaran los recursos presentados por los sectores afectados, con lo que habrá acogido con satisfacción esta decisión de la justicia. En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, Azpiazu recordó que las instituciones vascas ya han acordado el reparto de estos ingresos, por lo que confiaba en que la previsión de obtener esta vía de financiación “se pueda hacer realidad”. Reconoció que, si los recursos prosperaban, las instituciones deberían “devolver el dinero” ingresado a través de estas figuras tributarias, lo que no sería “bueno”.

Un día antes de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, Kutxabank hacía público su recurso contra el impuesto extraordinario a la banca y su solicitud de suspensión cautelar, sumándose así a las patronales bancarias AEB –Asociación Española de la Banca– y CECA –Confederación Española de Cajas de Ahorro–. Las dos asociaciones, que representan tanto a los bancos tradicionales como a los grupos bancarios creados por las antiguas cajas, recurrieron directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca. Sin embargo, no solicitaron medidas cautelares como Kutxabank para suspender temporalmente el impuesto.

Para presentar los recursos, las patronales se basaban, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre del año pasado, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen, al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria. Añadía, asimismo, que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresaba la importancia de que pueda repercutirse en los clientes.

También la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) interpuso un recurso al considerar el gravamen “discriminatorio e injustificado” al tratarse de un caso único en Europa. “El gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior”, indicó. Según aelec, el tributo grava los ingresos de las compañías, en concreto el 1,2%, mientras que en Europa es sobre beneficios. “Somos el único país de Europa que grava los ingresos”, denunció. Sin embargo, en su resolución, la Audiencia Nacional considera que, la suspensión de la orden ministerial, ocasionaría “un grave perjuicio al interés general al hacerse imposible la recaudación del gravamen”.

Recaudación

Con esta tasa, el Gobierno español espera recaudar 3.000 millones de euros en dos ejercicios para financiar en parte las medidas sociales aprobadas para hacer frente a la subida de los tipos y la inflación. Por su parte, el Gobierno Vasco espera recibir en mayo la primera partida correspondiente a los alrededor de 400 millones de euros que les corresponden por parte del Estado.