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La Audiencia Nacional (AN) decidirá este sábado si envía a prisión provisional o deja en libertad a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos.
A partir de las 10.00 horas, los tres detenidos pasarán a disposición judicial ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.
La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que, según las pesquisas de la UCO, está vinculada a Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información. También se solicitaron documentos en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que colaboraron plenamente.
Además, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, elevando el número de investigados a más de una docena.
Díez trabajó para empresas de la SEPI
La exmilitante del PSOE también figura como investigada por tráfico de influencias y cohecho en otra causa por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Artuzo Zamarriego considera que Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
Díez declaró que mantuvo dos reuniones con Cerdán como periodista y que no tiene vínculos con el partido. Además, repasó su trayectoria laboral: Enusa (2018-2021) y Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.
Servinabar pagó a Fernández
Fernández fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018, dimitiendo en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', del que fue absuelto en 2025.
En documentos de la Hacienda Foral de Navarra sobre el 'caso Koldo', se detalla que Fernández recibió de Servinabar 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, con 40.800 euros retenidos en 2022.
La segunda imputación de Alonso
Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo investigado en la pieza del 'caso Koldo' sobre presunta trama de amaños de obra pública.
Cuando declaró ante el juez Leopoldo Puente, negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de Servinabar y reconoció pagos al exasesor ministerial Koldo García por intermediación en proyectos anteriores a 2017. Alonso aseguró que siempre fue socio único de Servinabar, cuestionando la validez del contrato privado donde consta que Cerdán adquirió 1.350 participaciones (45%) por 6.000 euros, empresa que obtuvo obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.